El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México aprobó el Protocolo para la Prevención y Atención de la Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género: el primero de una entidad en el país, pues solo había uno federal y consiste en una guía con información, herramientas, mecanismos y formatos para identificar y denunciar ese tipo de violencia.
El documento advierte que el tema de la violencia de género ha ido ganando terreno en la esfera política, y puede enmarcarse en todos los tipos y modalidades: desde la institucional, al interior de los partidos políticos; la económica -al desviar y limitar los recursos para su capacitación y campañas-, hasta el hostigamiento y el acoso sexual o la violencia comunitaria, e incluso el feminicidio, que pueden sufrir candidatas o legisladoras y autoridades en funciones, por el hecho de ser mujeres.
“La violencia política por razón de género puede manifestarse a través de presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas, privación de la libertad o la vida; y a través de una o más formas de violencia”, señala el protocolo.
El mecanismo de atención incluye escuchar a la víctima, analizar los hechos, solicitar que se emitan medidas de protección y cautelares, ofrecer atención médica o psicológica, orientación o asesoría jurídica, encauzar a las víctimas, vincularlas con organizaciones y redes de apoyo, registrar los casos, dar seguimiento y acompañamiento.
Falta mucho por hacer
Mariana Uribe, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso local y responsable de coordinar los trabajos del protocolo advirtió que hoy más mujeres participan en la construcción de la democracia, pero enfrentan altos índices de violencia y falta mucho por hacer en el tema; por lo cual debe haber cambios culturales.
El documento, señaló, busca prevenir, atender y sancionar la violencia política y abonar al respeto de los derechos.
Cresencio Valencia, presidente del Observatorio y del Tribunal Electoral estatal destacó que por primera vez se pone sobre la mesa el documento, que de ser aprobado, será guía para las instituciones y marcará un antes y un después en la realidad política; ademásd de que abonará a erradicar prácticas negativas.
Aseguró que el documento es esencial para evitar la desigualdad, reconocer derechos y la equidad entre mujeres y hombres, pero sobre todo para erradicar la violencia. También, será referente y fuente de información.
Melisa Vargas, del Consejo de la Mujer detalló que el protocolo señala los pasos a seguir, mecanismos y formatos para hacer efectivos sus derechos y por primera vez logra bajar a tierra el tema.
Maricarmen Color Vargas del Instituto nacional de la Mujer advirtió que la labor de las mujeres ha sido obstaculizada y el protocolo presenta la ruta jurídica a seguir, con medidas de protección, por lo cual servirá para que las mujeres conozcan y reconozcan que son víctimas de violencia política: un desafío para el Estado mexicano.
Anunció que ya han creado 32 observatorios locales y llamó a no permitir abusos. El protocolo, precisó, es un primer paso ahora deben ir a la garantía de los derechos de las mujeres y atender tres temas: la generación de datos con colaboración para tener un sistema que les permita ver cómo avanzan; atender a las mujeres indígenas y afroamericanas y llegar a la paridad en todo.
El protocolo
Algunas expresiones del violencia política, de acuerdo con el protocolo son: el mal uso del presupuesto de los partidos políticos etiquetado para la capacitación a mujeres; la simulación de elecciones para eludir la cuota; el registro en distritos claramente perdedores o al final de las listas de representación proporcional; presiones para ceder o no reclamar la candidatura.
En el caso de las candidatas también se puede registrar por ausencia de apoyos materiales y humanos, agresiones y amenazas durante la campaña, trato discriminatorio de los medios de comunicación.
En legisladoras y autoridades municipales electas se puede dar por sustituciones arbitrarias, la presión para que renuncien a favor de sus suplentes, y en legisladoras y autoridades municipales en el ejercicio de sus funciones cuando existe una mayor exigencia que a los hombres, por presión para adoptar decisiones en favor de ciertos grupos o intereses, por acoso para evitar que ejerzan su función de fiscalización y vigilancia del gobierno local.
También a través de intimidación, amenazas, violencia física contra su persona o la de su familia, incluido el asesinato y la violación sexual; en la segregación a comisiones, funciones o cargos de escasa importancia y bajo o nulo presupuesto; por un trato discriminatorio por parte de los medios de comunicación, al poner su vida personal en tela de juicio, su conducta sexual, su apariencia física, o su atuendo.
En el ámbito personal a través de actitudes de difamación, desprestigio, descalificación y calumnias; dobles y triples jornadas de trabajo, censura por parte de otras mujeres, conflictos con su pareja o ruptura debido a su quehacer político.
