/ sábado 18 de febrero de 2023

En 2022 el OSFEM recibió 120 denuncias contra servidores públicos

De 138 informes de presunta responsabilidad administrativa iniciados 87 están en trámite y 51 han sido concluidos

Durante el 2022 el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) recibió 120 denuncias contras personas servidoras públicas estatales y municipales, por diversas causas.

Cada año el número de denuncias que recibe ese ente ha aumentado, pues mientras en el 2018 fueron 29, para el 2019 bajaron a 21, en el 2020 subieron a 87, para el 2021 aumentaron a 116 y en el 2022 incrementaron a 120.

De acuerdo con el informe de gestión del Órgano Superior, de las denuncias recibidas en 2022, del total 114 se presentaron por escrito y seis vía correo electrónico, pero ninguna fue presencial.

Además, el OSFEM informó que 60 ya concluyeron y un número idéntico sigue en trámite.

Expedientes en trámite

El informe también menciona que la unidad de investigación contaba con mil 127 expedientes, de los cuales 754 correspondían a los derivados de actos de fiscalización, es decir, de auditorías realizadas por ese órgano y 373 a denuncias.

El estatus reportado es que de 138 informes de presunta responsabilidad administrativa iniciados 87 están en trámite y 51 han sido concluidos.

Además, el año pasado recibieron 103 expedientes, derivados de actos de fiscalización, y 120 denuncias, y tras realizar el análisis iniciaron 23 informes de presunta responsabilidad administrativa que fueron presentados ante la autoridad sustanciadora para iniciar el procedimiento de responsabilidad.

Derivado de auditorías se iniciaron informes de presunta responsabilidad a entidades como: el Centro de Control y Confianza del Estado de México, el Colegio de Bachilleres, los institutos municipales de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón y San Simón de Guerrero.

También de los municipios de Aculco, Amanalco, Atlautla, Coacalco, Ixtapan del Oro, Jiquipilco, San Simón de Guerrero, Tequixquiac, Tultitlán y Zumpahuacán; los organismos de agua de Malinalco y Valle de Chalco, los DIF de Amecameca, Atenco, Naucalpan, Temascaltepec y el Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso.

Por denuncia, el Órgano Superior presentó un informe de responsabilidad al municipio de Tepotzotlán.

El informe señala que la investigación contra servidores públicos respecto a conductas que podrían constituir faltas administrativas graves depende de las denuncias ciudadanas, o incluso de personas servidoras.

Auditorías

De acuerdo con la Ley de Fiscalización del Estado de México el órgano debe recibir y analizar la solicitudes de auditoría presentadas por la ciudadanía y de ser procedentes deberá practicar esa revisión.

Las peticiones para la práctica de auditorías debería cumplir con los siguientes requisitos: hacer la solicitud de auditoría, señalar los hechos, actos u omisiones que la motivan el señalamiento de la autoridad a quien se atribuyen los hechos, actos u omisiones las pruebas que justifiquen la acción, domicilio para recibir notificaciones y nombre y firma de la persona solicitante.

Tras revisar y analizar técnicamente se deberá desechar o confirmar la procedencia de las solicitudes en un plazo máximo de 10 días hábiles y la comisión legislativa hará del conocimiento de la Junta de Coordinación la presentación de dicha solicitudes.

La ley señala que el órgano recibe quejas por posibles faltas administrativas de las personas servidoras públicas.

Durante el 2022 el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) recibió 120 denuncias contras personas servidoras públicas estatales y municipales, por diversas causas.

Cada año el número de denuncias que recibe ese ente ha aumentado, pues mientras en el 2018 fueron 29, para el 2019 bajaron a 21, en el 2020 subieron a 87, para el 2021 aumentaron a 116 y en el 2022 incrementaron a 120.

De acuerdo con el informe de gestión del Órgano Superior, de las denuncias recibidas en 2022, del total 114 se presentaron por escrito y seis vía correo electrónico, pero ninguna fue presencial.

Además, el OSFEM informó que 60 ya concluyeron y un número idéntico sigue en trámite.

Expedientes en trámite

El informe también menciona que la unidad de investigación contaba con mil 127 expedientes, de los cuales 754 correspondían a los derivados de actos de fiscalización, es decir, de auditorías realizadas por ese órgano y 373 a denuncias.

El estatus reportado es que de 138 informes de presunta responsabilidad administrativa iniciados 87 están en trámite y 51 han sido concluidos.

Además, el año pasado recibieron 103 expedientes, derivados de actos de fiscalización, y 120 denuncias, y tras realizar el análisis iniciaron 23 informes de presunta responsabilidad administrativa que fueron presentados ante la autoridad sustanciadora para iniciar el procedimiento de responsabilidad.

Derivado de auditorías se iniciaron informes de presunta responsabilidad a entidades como: el Centro de Control y Confianza del Estado de México, el Colegio de Bachilleres, los institutos municipales de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón y San Simón de Guerrero.

También de los municipios de Aculco, Amanalco, Atlautla, Coacalco, Ixtapan del Oro, Jiquipilco, San Simón de Guerrero, Tequixquiac, Tultitlán y Zumpahuacán; los organismos de agua de Malinalco y Valle de Chalco, los DIF de Amecameca, Atenco, Naucalpan, Temascaltepec y el Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso.

Por denuncia, el Órgano Superior presentó un informe de responsabilidad al municipio de Tepotzotlán.

El informe señala que la investigación contra servidores públicos respecto a conductas que podrían constituir faltas administrativas graves depende de las denuncias ciudadanas, o incluso de personas servidoras.

Auditorías

De acuerdo con la Ley de Fiscalización del Estado de México el órgano debe recibir y analizar la solicitudes de auditoría presentadas por la ciudadanía y de ser procedentes deberá practicar esa revisión.

Las peticiones para la práctica de auditorías debería cumplir con los siguientes requisitos: hacer la solicitud de auditoría, señalar los hechos, actos u omisiones que la motivan el señalamiento de la autoridad a quien se atribuyen los hechos, actos u omisiones las pruebas que justifiquen la acción, domicilio para recibir notificaciones y nombre y firma de la persona solicitante.

Tras revisar y analizar técnicamente se deberá desechar o confirmar la procedencia de las solicitudes en un plazo máximo de 10 días hábiles y la comisión legislativa hará del conocimiento de la Junta de Coordinación la presentación de dicha solicitudes.

La ley señala que el órgano recibe quejas por posibles faltas administrativas de las personas servidoras públicas.

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