Para el 2023 las autoridades estatales deberán instrumentar un programa de desempleo, dar apoyo económico a menores huérfanos por Covid-19; así como a niñas y niños que vivan con sus madres en las cárceles y acondicionar espacios para mujeres presas embarazadas.
El gobierno mexiquense también deberá entregar productos de higiene para el periodo menstrual a alumnas de escuelas públicas, mejorar el equipamiento en seguridad pública, proteger el maíz nativo, dotar de recursos al Fondo de Reparación del Daño, apoyar el fortalecimiento de la recaudación de ingresos municipales y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) tendrá más presupuesto.
De acuerdo con el Paquete fiscal del siguiente año, las y los legisladores recortaron recursos al Ejecutivo, a la Secretaría de Finanzas, pero aumentaron los de las secretarías de Seguridad y Trabajo, el DIFEM, el IGECEM, el TRIJAEM y establecieron diversas bolsas con recursos para apoyar a sectores vulnerables.
Los montos
El presupuesto 2023 del Estado de México, avalado por el Congreso, considera una previsión de 20 millones de pesos para la Secretaría de Educación, con el fin de otorgar productos de higiene para el periodo menstrual de las alumnas de escuelas públicas de educación básica y media superior.
Asimismo,10 millones de pesos al Programa “Niñas, niños y adolescentes huérfanos por COVID – 19”, consistente en otorgar un apoyo económico mensual de hasta dos mil pesos, a través de su tutor, mediante los mecanismos jurídicos que defina el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM).
Uno de los rubros impulsados por Morena, PT y PAN ha sido contar con un seguro de desempleo y para el 2023 se asignaron a la Secretaría del Trabajo 50 millones de pesos para acciones de atención a la población que llega a perder su empleo formal y son residentes en el Estado de México.
Con esa bolsa, la Secretaría del Trabajo deberá proporcionar un apoyo económico a la población afectada, bajo el esquema de un programa de auxilio al desempleo y establecer los mecanismos necesarios para la operación de estos recursos.
También habrá cinco millones de pesos a la Secretaría de Seguridad para el "Cuidado de niñas y niños que viven con sus madres en los Centros de Reinserción Social del Estado de México”, con los cuales les deberá otorgar canasta alimentaria y vestido a niñas, niños y adolescentes en reclusión con sus madres; así como 400 mil pesos para el acondicionamiento de espacios acordes a las necesidades de mujeres embarazadas presas.
Las y los diputados también asignaron 50 millones de pesos a “Fortalecer el equipamiento en materia de seguridad pública municipal”, donde las Secretarías de Finanzas y de Seguridad serán las encargadas de implementar los mecanismos necesarios para la operación de esos recursos.
De igual forma, habrá una previsión de 15 millones de pesos para el “Fondo de Reparación del Daño” y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, a través del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, deberá establecer los mecanismos que normen su creación y operación.
Para la protección del maíz nativo y la diversificación constante de su producción, comercialización y consumo, el siguiente año habrá 10 millones de pesos más para el Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal para suministros en semillas, construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de laboratorios y del banco de germoplasma.
En cuanto a impulsar un incremento en la recaudación de los ingresos propios de los municipios por concepto de predial, el Congreso apartó 30 millones de pesos para la modernización y actualización de bases catastrales al Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México para equipamiento.
El Congreso también autorizó cinco millones de pesos más, a fin de fortalecer el gasto de operación del Tribunal de Justicia Administrativa, para apoyar acciones tendientes a la orientación, asesoría o patrocinio a los ciudadanos que lo requieran, así como la integración de proyectos institucionales, mediante la suscripción de convenios con todo tipo de instituciones públicas y privadas, autoridades jurisdiccionales, administrativas y académicas, que permitan el intercambio de mejores prácticas en la materia fiscal y administrativa.