Dentro del sistema penal mexiquense es recurrente la discriminación estructural para tener un “falso culpable” pues una persona joven, morena, pobre o indígena, tiene una mayor probabilidad de resultar inculpado de un delito que no cometió, aseguró Antonio Lara Duque, abogado y defensor de derechos humanos, integrante del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”.
En entrevista con El Sol de Toluca, detalló que los “falsos culpables” tampoco cuentan con una verdadera defensa pública, pues según datos revelados por fuentes de la Defensoría Pública del Estado de México, cada defensor público en materia penal en territorio mexiquense, tiene asignados, en promedio, 350 casos de forma simultánea, situación que impide una verdadera defensa.
“No hay forma humanamente hablando, de que un defensor le ponga una atención debida a la defensa de esos presos, es imposible, por eso lo que hacen y eso es muy lamentable, es pedirle a los presos que se declaren culpables, porque no tienen tiempo de defenderlos, pero la otra es que no hay asociación, despacho de abogados, barras de abogados, que tengamos la capacidad de atender una población penitenciaria de más de 30 mil personas”.
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En este contexto, Lara Duque reconoció que hay un alto índice de criminalidad, delincuencia e impunidad, ésta última estimada hasta en un 90%, sin embargo, tampoco existe una verdadera defensoría pública, situación que contribuye en la obtención de “falsos culpables”.
“Con los altos índices de impunidad, claro que hay una presión pública, que las autoridades tienen que presentar trabajo para combatir el delito, eso no está a discusión, el problema es que lo cubren con las capas sociales más golpeadas económicamente, educativamente, socialmente, sin acceso a derechos, que no tienen un trabajo digno y ahí justifican esta ausencia de investigación”, aseguró el abogado de profesión.
Al referir que una fabricación de delito parte con la acusación de una persona, pese a la ausencia de medios probatorios científicos y técnicos objetivos, el activista mencionó que la justicia está “de cabeza”, pues se tiene a gente inocente en prisión, mientras que los verdaderos culpables están en la impunidad.
Antonio Lara mencionó que, alrededor de 19 mil 500 personas privadas de su libertad en el Estado de México están en condición sospechosa de discriminación, que equivaldría a un 60% de la población penitenciaria.
“Dicho de otra forma, 2 de cada 3 personas están en la cárcel de forma indebida”, sentenció.
El defensor de derechos humanos aseguró que la gobernadora Delfina Gómez tiene la obligación de garantizar acceso a la justicia a las víctimas, pero el Estado también debe garantizar un debido proceso y diligencia en los procesos iniciados.
De acuerdo con datos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), en 2023 la Fiscalía General de Justicia de la entidad acumuló un total de mil 422 quejas por presunta violación de derechos, de los cuales 484 fueron por presunta violación a la debida diligencia, 235 por una inadecuada administración y procuración de justicia, 159 por sometimiento al uso indebido o desproporcionado de la fuerza pública y 158 por no respetarse el derecho a la fundamentación y motivación.
Por su parte, el Poder Judicial del Estado de México acumuló en el mismo periodo un total de 175: 88 por no contar con una adecuada administración y procuración de justicia, 18 por no tener una debida diligencia, 7 por violencia institucional y 6 por no respetarse el derecho a la fundamentación y motivación.
