Integrantes de la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) reprocharon las omisiones en que incurrió la Comisión especial en materia de Amnistía de la Legislatura mexiquense y solicitaron expedir nuevos lineamientos para que sus solicitudes de amnistía puedan proceder.

También pidieron a las y los legisladores reponer los procedimientos de esas peticiones y darles una garantía de audiencia y advirtieron que la comisión debe permanecer aún después de esta Legislatura.

En conferencia de prensa, el defensor y activista, Humbertus Pérez Espinoza y personas que forman parte de PIDH acusaron graves omisiones al proceso legislativo que afectan a víctimas de fabricación de delitos y promoventes de la Ley de Amnistía y anunciaron que no permitirán que les den el acta de defunción a sus solicitudes de amnistía.

Pérez Espinoza consideró que al menos 13 mil de los 33 mil internos de la entidad son falsos culpables y unos 12 mil ya tienen la posibilidad de acceder a beneficios de ley porque han cumplido el 50 y 70% de las penas señaladas.

Las omisiones

Entre las omisiones señalaron que la comisión especial no cumplió los tiempos establecidos en la ley, pues debía integrarse el 19 de febrero y no hasta el 26 de marzo, mientras los lineamientos se emitieron más de tres meses después de la creación de ese órgano: es decir, el primero de julio.

Aún cuando esta organización desde el 8 de abril presentó su primer bloque de solicitudes por 109 casos, donde acreditan violaciones a derechos, fallas en la aplicación de los principios penales del sistema acusatorio y la presunción de fabricación de delitos no les han notificado qué sucedió con ellas.

La comisión, advirtieron, tenía la obligación de dar cumplimiento al artículo quinto transitorio y haber emitido de inmediato los lineamientos, pero no lo hicieron y no se pueden aplicar de forma retroactiva a las solicitudes que se hicieron en abril.

Pérez Espinoza advirtió la necesidad de mejorar los lineamientos para las solicitudes de amnistía porque son muy generales, extemporáneos y nunca especificaron la metodología para definir a qué instancia turnarían las solicitudes de amnistía para solicitar su opinión, pues la ley señala que puede ser a la Comisión de Derechos Humanos de la entidad (Codhem), a la Fiscalía General de Justicia, al Poder Judicial, a la Secretaría de Justicia y a organizaciones de la sociedad civil.

Cuestionó por qué las 850 se enviaron en bloque a la Codhem y ésta las turnó a las delegaciones regionales cuando no había titular. Opinó que esas instancias nunca hacen nada y no les notificaron, por lo cual, advirtió, irán al amparo.

Adelantó que en la siguiente Legislatura el PRI, pero sobre todo el PAN podrían oponerse a que permanezca la comisión especial; sin embargo, refirió, un artículo transitorio de la ley señala que debe permanecer hasta que se desahoguen todos los casos, pero la actual Legislatura termina el 4 de septiembre.

Advirtió que quien debe emitir la opinión consultiva en sus solicitudes es la Fiscalía General de Justicia, más que la Comisión de Derechos Humanos, pues en más del 80% de sus peticiones se violaron derechos, hubo detenciones arbitrarias o ilegales, tortura, extorsiones y la plena presunción de fabricación de delitos por parte de Ministerios Públicos, policías y peritos de ese órgano.

Pérez Espinoza cuestionó a través de un documento a las y los diputados locales cuáles fueron los criterios aplicados por la comisión especial y la secretaría técnica para turnar sus solicitudes solamente a la Codhem para que emitiera la opinión consultiva y por qué no se solicitó en vías de colaboración la opinión de organizaciones de la sociedad civil, como lo señala el artículo 17 de la Ley de Amnistía.

En el documento enviado a la Legislatura también anuncia que desconocen a la nueva titular de la Codhem Myrna García Morón por tener conflictos de intereses y por ser parte del grupo que en su momento no implementó el nuevo Sistema de Justicia Penal.

Señaló que se deben emitir nuevos lineamientos para dar un mayor plazo a la comisión, definir a quién se turnarán las solicitudes de amnistía y sostuvo que han presentado pruebas, bases de datos donde demuestran que hubo violaciones al debido proceso, detenciones arbitrarias y que un 90% de los casos se sustentan en acusaciones sin pruebas