En el Estado de México cinco personas candidatas federales han solicitado seguridad a autoridades electorales, o de seguridad para las campañas electorales, aunque una la retiró, y en el ámbito estatal ninguna persona precandidata, ni partido lo ha hecho.
Desde inicios de marzo, después de que un colaborador de José Luis Durán, abanderado a diputado federal de la coalición Morena, PVEM y PT resultó herido, en lo que aparentemente fue un intento de asalto, el dirigente del Partido Verde en la entidad, José Couttolenc Buentello informó que solicitaron seguridad para el ex alcalde de Naucalpan.
El vocal ejecutivo del INE en la entidad, Joaquín Rubio Sánchez, refirió hace unos días que recibieron tres solicitudes de seguridad: en el Distrito 7 de Cuautitlán por parte de Morena, en el Distrito 10 de Ecatepec por el PRI y en el Distrito 32 de Naucalpan por parte de Movimiento Ciudadano.
También habían recibido una petición en el Distrito 5 por el PAN, pero explicó que en la reunión del 18 de marzo, de la mesa de seguridad del Estado de México, el dirigente estatal de esa fuerza política, Anuar Azar, dijo que había habido una confusión con su candidata y retiró la solicitud.
Una de las peticiones de las y los dirigentes de partidos políticos en las mesas de seguridad, que se instalaron el mes pasado con la Secretaría General de Gobierno, ha sido justamente garantizar la seguridad de las y los candidatos y que el proceso electoral se lleve en paz.
En el ámbito local las campañas iniciarán hasta el próximo 26 de abril. El INE en la entidad informó que no ha habido solicitudes de seguridad que se hayan rechazado hasta el momento.
Protocolo
El protocolo entregado a los partidos políticos, del cual este medio tiene una copia, señala que habrá un centro de monitoreo las 24 horas del día, los siete días de la semana, a fin de dar seguimiento y atención a riesgos o amenazas y se podrá activar una mesa de crisis para casos urgentes.
Las medidas urgentes de protección las brindará la Policía Estatal y podrán incluir: evacuación, reubicación temporal, escoltas, protección de inmuebles, chalecos antibalas y otras que se requieran, de acuerdo con la evaluación de riesgos. También se considerará la protección de familiares cercanos a la posible víctima y se sugerirá ayuda psicológica.
Las medidas urgentes permanecerán activas hasta que se realice el estudio de evaluación de riesgo, es decir, se reporte que no hay actividad que ponga en peligro a la o el candidato. También habrá un mapa de riesgos.
El protocolo prevé tres niveles de riesgo: bajo, medio, alto o extremo.