Toluca, México.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) espera ser notificada vía oficio por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para saber si existe responsabilidad de funcionarios en el mal uso de recursos públicos mediante contratos hechos con la Secretaría de Desarrollo Social entre el 2013 y 2015, informó el rector Alfredo Barrera Baca.
Pese a que este miércoles, la ASF mediante su director jurídico, Víctor Andrade, dio a conocer en conferencia de prensa que se iniciaron procedimientos en contra de 72 personas, entre ellos 63 funcionarios y exfuncionarios públicos de la Sedesol, así como en contra de la máxima casa de estudios mexiquense y su homónima del estado de Morelos, el rector dijo que no se ha recibido notificación vía oficio para poder proceder y acatar responsabilidades.
“No tenemos ningún comunicado oficial, la universidad no ha recibido ningún comunicado oficial de la Auditoría Superior de la Federación, donde se nos informe alguna sanción administrativa, o alguna sanción judicial”, confirmó el rector Barrera Baca.
Aunque la postura de la UAEM es acatar lo que resulté de los análisis de los documentos enviados a la Auditoría, el rector Barrera Baca reprochó la anticipación de juicios en contra de la máxima casa de estudios del estado.
“Me parece que es un manejo imparcial del asunto, es una tercera etapa del proceso de la auditoría, y con esos resultados preliminares, ya se acusó, ya se juzgó a una institución que tiene una plena credibilidad y un trabajo intachable”, señaló el rector.
“Son cuentas públicas de dos años, la universidad son sesenta y dos años que se ha construido, esas dos o tres personas, no representan a la totalidad de los universitarios”.
Precisó que la ley marcó 120 días hábiles para que la ASF notificara a la UAEM si existe alguna responsabilidad o anomalía en los documentos presentados, sin embargo no se ha recibido respuesta.
“La ley de fiscalización en su artículo treinta y tres señala que la Auditoría Superior de la Federación tiene ciento veinte días para informar a la ente fiscalizado sobre la respuesta que dimos en relación a las observaciones y por su puesto que ya venció este plazo”, sostuvo el rector.
Hasta el momento no existe una lista de nombres de funcionarios públicos adscritos a la UAEM, que sea pública, y que pudieran estar relacionados al caso de desvío de fondos entre 2013 y 2014, derivado a que la universidad no ha obtenido los resultados finales de las observaciones hechas por la ASF y se trata de un proceso en integración.
“La ASF es la autoridad que nos auditó y que tiene la responsabilidad de demostrar la culpabilidad que pudimos haber tenido”, resaltó el catedrático.
La Auditoría Superior de la Federación hizo varias auditorías entre 2013 y 2014 de las Cuentas Públicas de ambos años al interior de la Sedesol, y en la que se implicó a la máxima casa de estudios del estado por haber contraído supuestos contratos por varios millones de pesos, que terminaron en un posible desvío de fondos. Dicha información fue ventilada en su momento por el medio digital Animal Político bajo la investigación denominada “La Estafa Maestra”.
Según lo informado en la conferencia por el representante jurídico de la ASF, actualmente se ha concluido con el análisis de los documentos enviados por las instituciones auditadas.
Por lo que se desemboca en que los 72 implicadosdeben regresar al erario público un monto de mil 88 millones de pesos, acorde al daño patrimonial por los servicios que no hicieron las universidades.
“Al día de hoy tenemos iniciados 11 procesos resarcitorios de la Cuenta Pública 2013. Son contrataciones de Sedesol con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de México y esto involucra a 72 presuntos responsables, tanto personas físicas como morales. El estatus actual que tienen estos procesos es en desahogo”, reveló Andrade ante la prensa.
Al respecto, Barrera Baca dijo que no se opone a la legalidad y las indagatorias, pero que éstas se deberían apegar a lo que dictan las instituciones encargadas de castigar un mal operar de las instituciones públicas.
Junto con los procedimientos administrativos, la ASF ha iniciado 17 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de servidores públicos que resulten responsables por los convenios firmados con universidades y empresas entre 2013 y 2015.
- Para tomar en cuenta:
2 Cuentas públicas implican a la UAEM
Mil 83 millones deben devolver los implicados
120 días hábiles marca la ley para la notificación
