El esclarecimiento del caso de la denominada “Estafa Maestra” avanza, ya que se podrán recuperar los recursos invertidos en los proyectos sostenidos con la UAEMéx; pero no podrán aplicar sanciones administrativas, informó Victorino Barrios Dávalos, titular del Órgano Interno de Control (OIC).
“Se perdió la oportunidad de sancionar administrativamente a los funcionarios que cometieron esas irregularidades, el recurso va a ser recuperado”, dijo.
Por el momento se han prescrito 48 asuntos relacionados con el caso, agregó Barrios Dávalos durante una entrevista con estudiantes y profesores de la máxima casa de estudios mexiquense publicado en redes sociales.
Sin embargo aclaró que los recurso no se destinará a la máxima casa de estudios mexiquense, sino para las instituciones federales que los entregó, es decir, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), además, de Banobras y la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), las cuales invirtieron recursos en algunos proyectos en la institución, reseñó.
“La universidad les modificó el estatus con el cual habían sido contratados ¿cuánto de esos?, yo conozco 51, pero de esos 51, 48 ya han prescrito para ponerle por parte del Órgano Interno de Control una sanción”.
Barrios Dávalos expuso que a su llegada a la UAEMéx se enfrentó a expedientes sin elaborar y asuntos sin tratar.
“No se perdió la oportunidad de resarcir o de reponer o de restituir los recursos que quede claro, se perdió la oportunidad de sancionar administrativamente a los funcionarios que cometieron esas irregularidades”.
En ese espacio, expresó que a lo largo de su carrera ha recibido amenazas de varios tipos; “llevo tiempo tratando asuntos delicados entre otras funciones”, indicó el también ex contralor Interno del Poder Legislativo mexiquense.
Afirmó que no se expondrá a algún riesgo en su integridad debido a su labor, pero se comprometió a cuidar el patrimonio de la institución encomendada de todas las formas posibles.
Vale mencionar que Barrios Dávalos fue nombrado titular de OIC de la UAEM por la pasada legislatura local en septiembre de 2020, en cumplimiento con lo dispuesto por el Sistema Nacional Anticorrupción.
No obstante, no se incorporó de inmediato a sus funciones, ya que la Universidad se amparó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación al argumentar la autonomía de la Universidades públicas pero el falló no procedió.
