A poco más de 15 días de aprobado en el pleno de la Cámara de Diputados los nuevos requisitos para nombrar al próximo Auditor de Superior del Estado de México, este viernes se oficializaron al publicarse en la Gaceta de Gobierno.
Con la reforma se abre la posibilidad de que pueden aspirar a ese cargo representantes populares o miembros o dirigentes de un partido político.
Antes, el artículo 11 establecía no haberlo sido por lo menos en los tres años anteriores.
Además, dicha Reforma agregó a los requisitos que los aspirantes cuenten con título y cédula profesional legalmente expedidos en las siguientes licenciaturas: Contaduría Pública, Derecho, Economía, Administración Pública, Administración de Empresas, o cualquier otra relacionada con las actividades de contraloría, transparencia o rendición de cuentas.
Lo anterior forma parte del decreto número 102, que comprende las Reformas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, en las fracciones III y IV del artículo 14 y la I del artículo 17.
El decreto entrará en vigor a partir de este 21 de diciembre, puesto que un día anterior se publicó.
En la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, argumentaron que la legislación se encontraba rebasada con respecto a otros ordenamientos, es el caso de la Carta Magna nacional, la Constitución del Estado de México, así como de la de Senadores y Diputados.
En las cuatro constituciones se restringe al sujeto que ocupe simultáneamente dos cargos o empleos. En lo que hace a la cuestión partidaria calificaron el impedimento de exagerado.
“Consideramos necesario hacer más accesibles los requisitos para poder ser Auditor Superior y reformar los artículos que señalan los mismos”.
Ese cargo está vacante en el Estado de México desde agosto del año en curso tras la renuncia Fernando Baz Ferreira.
Se estima que la convocatoria se dé a conocer en los primeros días de enero de 2020.
Es de mencionar que dicho punto en la sesión del pleno de la Legislatura local dividió la votación de los diputados y otros sectores cuestionaron la reforma antes de ser publicada por incluir a actores políticos.
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