Toluca, México.- La Legislatura mexiquense exhortó al fiscal general de justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, a investigar la presunta violencia política de género, en agravio de la ex síndica municipal de Jaltenco, Yuritzi Jhosselin López Oropeza, quien de manera reiterada denunció que en el trienio anterior no le pagaban su salario, ni el de su personal y era víctima de humillaciones y amenazas.
También pidió al titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Olvera, a conocer y atender la posible violación de los derechos políticos de la ex síndica, pues el tribunal electoral estatal y la sala regional Toluca ya han acreditado que existió esa violencia y mandataron al alcalde Armando Ramírez y a otros servidores públicos a realizar varias acciones.
El diputado de Morena, Tanech Sánchez planteó que la ex síndica municipal fue víctima de violencia política por parte del ex presidente municipal Armando Ramírez Ramírez, el ex tesorero municipal José Luis Juárez Guerrero, el ex secretario del ayuntamiento, Leopoldo Payne Ramírez y ex regidores, quienes, dijo, realizaron acciones y omisiones para “menoscabar el ejercicio del cargo público” para el que fue electa.
Ese tipo de violencia fue reconocida por el Tribunal Electoral del Estado de México, autoridad que impuso a los servidores públicos generadores de violencia política la obligación de abstenerse de realizar acciones y omisiones que menoscabaran los derechos políticos de la ex síndico, respetar sus funciones; así como permitir y proveerle el acceso a toda la información y documentación relacionada con el funcionamiento del ayuntamiento.
El diputado de morena recordó que los magistrados han ordenado al ayuntamiento realizar las gestiones necesarias para que en el presupuesto municipal se incluyeran sus prestaciones, la contratación y pago de salario y prestaciones al personal para realizar sus labores.
Por otro lado, la Sala Superior de Toluca ordenó al alcalde y a otros servidores públicos entregarle la información que solicitara relacionada con la función del ayuntamiento; ofrecerle en sesión de cabildo una disculpa pública, abstenerse de llevar a cabo actos de violencia política de género en contra de la actora.
Sin embargo, Tanech Sánchez señaló que los ex ediles no dieron pleno cumplimiento a la sentencia dictada y quienes vulneraron los derechos político electorales de la ex síndico dejaron sus cargos sin haber sido sancionados.
“Por tanto, es necesario que el Ministerio Público continúe con la investigación respecto de los presuntos hechos constitutivos de delito, sin omitir que los presuntos responsables pudieron incurrir en desobediencia”.
También preció que el caso de Yuritzi Jhosselin López Oropeza, debe sentar un precedente para que ninguna mujer sea víctima de violencia política de género, y que cualquier acto que vulnere sus derechos, su persona, integridad física o cause agravio a su dignidad humana, sea sancionado debidamente.
El exhorto fue aprobado por unanimidad de votos.
Datos:
En el Estado de México desde 2017 la violencia política de género es un delito sancionado en el Código Penal con penas de seis meses a dos años de prisión
La violencia política la cometen quienes por cualquier medio impidan u obstaculicen a una mujer el acceso a los cargos de elección popular, su debido desempeño, o la induzcan a la toma de decisiones en contra de su voluntad.
Jhosselin López Oropeza desde 2016 denunció ese tipo de violencia.
El TEEM y la sala Toluca del TEPJF han acreditado que fue víctima de violencia.
