Organizaciones civiles y medios de comunicación nacionales y locales, se han unido a la exigencia de justicia por el secuestro exprés, robo y amenazas de muerte de las que fue víctima la periodista mexiquense María Teresa Montaño.
La Red Nacional de Periodistas (RNP) y la asociación civil Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) emitieron una carta al gobernador mexiquense Alfredo del Mazo Maza y al coordinador de Comunicación Social del gobierno mexiquense, para manifestar su desacuerdo con la información difundida por éste último a través de red social twitter, sobre los hechos de los que fue víctima la periodista.
“Nos solidarizamos y repudiamos cualquier acto de estigmatización basado en el género que ponga en riesgo la integridad y la labor periodística de nuestra compañera María Teresa Montaño Delgado”, se lee en el documento difundido por las organizaciones mencionadas.
Además, urgieron a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) a atraer el caso e investigar de manera pronta, diligente e imparcial, tomando como principal línea de investigación su labor como periodista, considerando el robo de equipo de trabajo y material de investigación.
Por los hechos ocurridos la noche del viernes 13 de agosto, la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, inició la Investigación de Oficio número CODHEM/AE/APC/24/2021 y exigió a las autoridades una actuación de fondo para que los hechos no queden impunes.
A ésta exigencia se sumó el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, quien instó a autoridades de la administración estatal a realizar una investigación puntual que permita dar con los responsables.
Mientras que el Congreso Nacional de Comunicación Indígena, el Observatorio Ciudadano de Género y la asociación civil Corazones Diversos del Estado de México, emitieron un comunicado en el cual, además de condenar los hechos, responsabilizaron al Gobierno de la entidad, a la Legislatura estatal y al Ayuntamiento de Toluca, así como a quienes resulten responsables, “por la persecución política de la que es objeto, solo porque incomoda con las investigaciones que realiza” la comunicadora.
Por su parte el Sistema Mexiquense de Medios Públicos manifestó su solidaridad con Teresa Montaño y condenó el ataque que sufrió.
A la exigencia de justicia y muestras de solidaridad se sumaron periodistas como Azucena Uresti, quien recientemente también fue amenazada de muerte, presuntamente por un líder de una organización criminal; Irving Pineda; Jorge Becerril y hasta Horacio Duarte Olivares, administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México.
Cabe recordar que la Fiscalía General de Justicia de la entidad informó que no difundirá información sobre la investigación en curso para protección de la periodista y de la propia diligencia.