Comuneros de la comunidad indígena de San Pedro Tlanixco, en el municipio de Tenango del Valle, exigen al gobernador Alfredo del Mazo hacer uso de su facultad de liberar, vía el indulto, a los defensores del agua privados de su libertad desde hace 15 años, en caso de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no se desista de la acción legal en su contra.
Al grito de “Libertad, libertad”, después de realizar un plantón en la caseta de la autopista Tenango del Valle-Ixtapan de la Sal, donde liberaron la pluma para el paso de vehículos, señalaron que de no obtener la libertad de sus familiares seguirán realizando actos de protesta, pues ya está demostrada la inexistencia de pruebas del delito del cual se les acusa.
Los familiares de los defensores del agua, recluidos en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, iniciaron una serie de protestas en espera de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México fije la fecha de apertura del nuevo proceso, el cual deberá llevarse bajo el marco normativo del derecho indígena.
Especialistas del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), que asesoran a los familiares de los presos, revelaron que uno de los problemas es que las autoridades mexiquenses reconocieron no tener abogados defensores certificados en derecho indígena, lo cual es obligación del estado aportar.
Los especialistas del CDHLZ buscarán defender a Lorenzo Sánchez Berriozábal, Dominga González Martínez, Marco Antonio y Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal y Rómulo Arias Mireles, pues confían en demostrar que no existen elementos para continuar con la acción penal que los condenó a 50 años de prisión por el presunto homicidio de un empresario español ocurrido en 2003.
Tras conocerse la resolución del Tribunal Superior de Justicia, que ordena reponer el proceso, la primera acción fue salir a las calles de San Pedro Tlanixco, un pequeño asentamiento náhuatl, para trasladar su inconformidad con las autoridades de no aceptar la petición de organismos defensores de los derechos humanos para desistirse de la acción penal. Los familiares fueron acompañados por más de un centenar de vecinos.
En esta ocasión, fueron alrededor de 40 personas, todos familiares de los siete detenidos, quienes al filo de las 10:30 de la mañana arribaron a la caseta de cobro de la autopista Tenango del Valle-Ixtapan de la Sal, donde anunciaron al personal que tomarían las instalaciones para hacer que su protesta se escuche “de ser posible hasta Toluca, donde está el gobernador Alfredo del Mazo”.
Con el megáfono en la mano para que los conductores escucharan sus reclamos ante la injusticia por tener que volver a empezar por un proceso judicial que, en primera instancia duró 12 años, advirtieron que de no tener eco sus peticiones en el gobierno del estado, acudirán al gobierno federal, pues “ya el presidente López Obrador nos recibió, nuestros familiares ya son considerados presos políticos y aunque no se lo merecen porque sin inocentes, pediremos la amnistía”, aseguraron.
López Obrador ya ofreció una cuarta transformación, en eso confiamos para que nuestros presos políticos sean puestos en libertad, no queremos un nuevo juicio.
Explicaron que ya fueron tres años encarcelados sin un juicio, luego 12 años para llegar a una sentencia de primera instancia y luego la apelación que dejó sin efectos la sentencia, pues no tuvieron la atención que requiere su calidad de indígenas, como un asesor, un intérprete y una defensa adecuada, por eso se repone el proceso desde la declaración preparatoria, lo que implica, al menos, otros tres años.
En el año 2003, los comuneros sostuvieron reuniones en la Secretaría General de Gobierno con autoridades estatales y un empresario de origen español, quien buscaba aprovechar el agua de la comunidad de San Pedro Tlanixco para comercializarla entre los productores de flor del sur del Estado de México, situación con la cual, la comunidad no estuvo de acuerdo, por lo que se negaron a firmar acuerdos.
Maricela Molina González consideró que luego de que el empresario español -quien estaba solo- resbaló y cayó a un barranco con más de 200 metros de profundidad, en donde lo encontraron posteriormente y culparon a los comuneros que ya tenían identificados por su capacidad de organización para sacar adelante para defender el agua.
Anunció que la próxima manifestación de inconformidad se realizará en los juzgados de Almoloya de Juárez en la fecha de la audiencia de apertura del juicio.
