El precio del pollo continúa aumentando y, además de factores como la inflación, los vendedores reconocen que la operación del crimen organizado no se ha frenado. El sobre precio fijado en este producto de la canasta básica afecta el costo al consumidor, denunciaron.
En diciembre del año pasado se dio a conocer que células del cártel conocido como La Familia Michoacana realizan el cobro de derecho de piso a productores, rastros y pollerías, con amenazas que van desde dañar los comercios hasta desaparecer a familiares y trabajadores.
El caso de cuatro polleros secuestrados por el crimen organizado, entonces confirmó estas denuncias.
“Llevan ya como año y medio (cobrando), al menos es lo que a mí me ha tocado”, comentó el trabajador de una pollería que prefirió reservar su nombre por temor.
Si bien la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tiene abiertas mil 189 carpetas de investigación por el delito de extorsión en el primer cuatrimestre del año, las víctimas reconocen que no denuncian en todos los casos.
“Nos afecta a todos, hay zonas en las que ya se calmaron un poco, pero a los proveedores les llegan (a cobrar). En Ixtlahuaca está muy fuerte el tema, en el sur del estado. Nosotros ya no denunciamos por miedo y porque de todas maneras, a lo mejor acá ya no vienen, pero van con nuestros proveedores y nosotros terminamos pagando el sobreprecio, ¿de qué sirve que denunciemos?”.
Está situación, lamentó el pollero, ha llevado a distintos miembros de su familia a dejar el negocio y buscaron ser empleados en otros giros, pues la presión los llevó a temer por sus vidas y sus familias.
Afecta a ventas
Esta semana el kilo de pechuga de pollo se oferta en 125 pesos y el de muslo en 75, lo que ha generado un impacto negativo en las ventas.
“Ha bajado muchísimo porque está carísimo, en días pasados la pechuga estaba en 110. Nos dicen que no hay pollo, que no se abastece y el que hay, está muy chico”.
En ese sentido, temen que haya un acaparamiento por parte del crimen organizado para obligarlos a adquirir el producto avícola en determinados lugares.
Ante ello, los polleros coincidieron en que es necesario que las autoridades continúen con las investigaciones en torno al acaparamiento del pollo por parte del crimen organizado y se establezcan medidas que realmente incidan en una reducción de las extorsiones ya que no solo afectan a los comerciantes, sino a toda la cadena de producción y a los consumidores finales.
Si bien la FGJEM ha asegurado diversas bodegas por el delito de acaparamiento, los afectados reconocieron que, constantemente, nuevas personas se suman a la red de extorsión.