En el Estado de México y el resto del país existe una crisis de derechos humanos, pues hacen falta oportunidades como la educación, el empleo y el desarrollo, reconoce Jorge Olvera García, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).
Afirmó que el respeto a los derechos de las personas es una responsabilidad de gobierno y sociedad.
Como ejemplo citó el derecho humano a un medio ambiente sano y la responsabilidad de los ayuntamientos y autoridades estatales para conservarlo con medidas como la verificación vehicular y los operativos para retirar vehículos que no cumplan con esa norma.
Sin embargo, aseveró, para evitar los enfrentamientos que se dieron entre taxistas de Almoloya de Juárez y policías municipales, a la autoridad le hizo falta llamar a la Codhem para vigilar que se respeten los derechos humanos de unos y otros.
Pidió a la sociedad desechar la idea de que la Codhem se dedica a defender delincuentes sino a defender los derechos humanos que hasta los delincuentes tienen, pero más importan -dijo- los de las víctimas.
Explicó que inician una queja cuando se filtran videos de la detención de un delincuente para evitar que éste evada la acción de la justicia al argumentar que con ello se viola el derecho al debido proceso, pues se busca que prevalezcan los derechos de las víctimas por sobre los errores de quienes están encargados de la procuración e impartición de la justicia.
Destacó el papel de los medios de comunicación para que las comisiones de Derechos Humanos conozcan y respondan a las violaciones cometidas por el poder público y, de forma transversal también los particulares, porque al informarlas permiten la conformación de quejas, investigaciones y recomendaciones.
Recordó que en 2018 se creó la Visitaduría Adjunta de Atención a Periodistas para defender su derecho a la libertad de expresión, de trabajo y sobre todo a garantizar su integridad física, luego de registrarse la recepción de alrededor de 10 quejas por agresiones a periodistas durante el desempeño de su labor informativa.
Se comprometió a intervenir ante la Cámara de Diputados para que se agilice el análisis de la iniciativa de la Ley de Protección a Periodistas, pero tomando en consideración las opiniones derivadas del ejercicio de la profesión y riesgos como las agresiones físicas que ya han cobrado la vida de 147 comunicadores desde el año 2000 a la fecha.