La organización Amnistía Internacional México (AI) exhibió graves deficiencias en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, entre ellas: que pierden evidencias, no hay investigaciones exhaustivas, ni se aplica la perspectiva de género y se sigue responsabilizando a la víctima.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, afirmó que las autoridades siguen pidiendo esperar 72 horas para iniciar la búsqueda y sostuvo que son las familias quienes realizan las investigaciones, pero son víctimas de violencia institucional. Buscar justicia en el Estado de México, sentenció, es peligroso.
Durante una reunión con las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), AI y familiares de víctimas presentaron el informe “Informe Juicio a la justicia: deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México”.
Las familiares narraron la revictimización de la que han sido víctimas, el sufrimiento que han tenido y advirtieron que sólo buscan justicia y que las autoridades hagan bien su trabajo, pues llevan años sin respuestas. En la fiscalía, denunciaron existe corrupción.
José Guadalupe Luna, presidente del CPC advirtió la necesidad de admitir que existen corrupción y deficiencias y anunció que buscarán apoyar con la difusión de los derechos de las víctimas y remitirán el informe a la Fiscalía Anticorrupción. Las invitaron a formar parte de la Red Ciudadana Anticorrupción.
También se reunieron con legisladoras y la presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Alertas, Karina Labastida anunció que solicitará la comparecencia del fiscal, buscarán un mayor presupuesto para la fiscalía e impulsar una campaña de que no es necesario esperar 72 horas para denunciar una desaparición.
Deficiencias
Edith Olivares narró que en el informe documentaron cuatro casos, donde encontraron graves deficiencias, entre ellas: que las personas servidoras de la Fiscalía pierden evidencias durante las investigaciones porque no las resguardan adecuadamente, ni las buscan.
Además, no siguen toda la línea de investigación de manera exhaustiva, no se aplica la perspectiva de género durante la investigación y permanece la constante de responsabilizar a las víctimas de feminicidios y desapariciones en el país.
Todo eso, señaló, tiene consecuencias para las familias, pero además hay violencia institucional de la Fiscalía, pues buscar justicia es costoso económico y emocionalmente, ya que las familias hacen la investigación y a veces dejan sus trabajos y se dedican totalmente a exigir justicia.
Aunado a eso, precisó, buscar justicia es peligroso, pues hay amenazas y maltrato hasta de las autoridades, en algunos casos de que no hagan “mucho ruido”.
A eso se suma, señaló, que la Fiscalía mexiquense tiene excesiva sobrecarga de trabajo, pues hay Ministerios Públicos que tienen hasta ocho mil carpetas, el personal carece de la capacitación especializada y toma fotografías de evidencias con sus propios celulares.
Añadió que no hay bodegas para resguardar las evidencias, hay quienes las tienen en el suelo, por lo cual piden dotar a la fiscalía especializada de los recursos económicos y humanos suficientes para realizar las investigaciones.
Al Congreso, dijo, le han pedido garantizar que la fiscalía cuente con los recursos necesarios, llamar a rendir cuentas al fiscal y conocer cómo se distribuye el presupuesto de la institución y a la fiscalía le piden investigar a quienes sean responsables de las deficiencias.
Algo que les llama la atención, explicó, es que en la Fiscalía las familias denunciaron
desapariciones y en todos los casos les pidieron esperar 72 horas para iniciar las búsquedas y cuando encontraron el cuerpo de la víctima cerraron la carpeta y el caso pasa a desaparición, por lo cual ya no se sigue la investigación por la desaparición, con riesgo de que se pierda información.
Alertaron que las autoridades no parecen comprender que la justicia debe ser un acto de reparación y no solo un tema administrativo y acusaron que el Estado está faltando a su deber de garantizar seguridad.