Las y los mexiquenses que consideren haber sido privados de su libertad de manera injusta tendrán la garantía de que las autoridades competentes revisarán de forma gratuita y exhaustiva su caso, para eventualmente, en caso de encontrar elementos, enmendarlo o corregirlo por los medios que señala la ley.
El Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal emitió tres acuerdos: uno para crear el Grupo Interinstitucional de Análisis enfocado en garantizar la revisión exhaustiva de casos considerados injustos de personas privadas de la libertad; otro para promover la aplicación y trámite del procedimiento abreviado como forma de terminación anticipada del proceso, y uno más para exhortar a las autoridades a implementar un análisis reforzado con perspectiva de Derechos Humanos.
Las autoridades estatales buscarán la libertad de las personas, a través de alguno de los instrumentos legales como medida cautelar distinta a la prisión preventiva, mediante mecanismos alternos de solución de conflicto como: acuerdos reparatorios, suspensión del proceso, remisión judicial de la pena.
También por prelibertad, libertad anticipada, libertad condicional, controversias de duración, modificación o extinción de la pena y de sus efectos de duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad, prescripción de la acción penal, extinción de la pretensión punitiva, prescripción de las penas, amnistía e indulto.
Según el acuerdo, garantizarán la revisión gratuita y exhaustiva de casos considerados injustos, de personas privadas de la libertad, a fin de evitar violaciones a los Derechos Humanos en la detención, presentación ante el Ministerio Público, durante el desarrollo del juicio, la ejecución de sentencias o los medios de impugnación.
Crean grupo
El Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de México creó el grupo interinstitucional de análisis para garantizar la revisión exhaustiva de casos considerados injustos de personas privadas de la libertad, a fin de fomentar el acceso a la justicia de manera pronta completa y eficaz, bajo la tutela de los derechos de imputados, de las víctimas y ofendidos y así incidir en la reducción de la población penitenciaria.
De acuerdo con lo publicado en Gaceta de Gobierno, hay proyectos prioritarios donde destaca la revisión exhaustiva de casos judiciales que se consideran injustos.
La publicación refiere el caso emblemático de Daniel Plácido Arroyo, a quien se le acusó, procesó y sentenció a 65 años de prisión por el delito de secuestro y a quien no se le podía aplicar la amnistía, pese a que era evidente la violación a sus derechos; por lo cual se encontró una solución jurídica en el reconocimiento de inocencia ante un Tribunal de Alzada en materia penal y hace unas semanas quedó en libertad inmediata.
Sin embargo, como se le impidió el acceso a la justicia ante situaciones no adecuadas en el desarrollo de la investigación y el proceso, Daniel estuvo privado de su libertad ocho años, siete meses y 27 días.
El documento señala que para disminuir casos como ese es imperativo que las instituciones se compaginen en un trabajo conjunto para el estudio, análisis y solución jurídica más adecuada de los casos donde se reclamen violaciones a los Derechos Humanos, a fin de lograr un verdadero acceso a la justicia, donde se privilegie a grupos vulnerables y se considere la posibilidad de dar seguimiento a las condiciones físicas y de salud de las personas.
Para ello, acordó que se realizará la revisión exhaustiva de los casos considerados injustos, se formalizarán las revisiones de casos específicos y el grupo se reunirá en mesas de análisis una vez al mes, previa convocatoria.
En el grupo participan el Poder Judicial, el Legislativo, la Fiscalía mexiquense, el Ejecutivo, a través de la Consejería Jurídica, la Secretaría de Seguridad Estatal, la Comisión de Atención a Víctimas y el Instituto de la Defensoría Pública; así como la Comisión de Derechos Humanos.
En el documento publicado en la Gaceta de gobierno las autoridades admiten fallas en el sistema penal, pues refieren que la procuración y administración de Justicia tienen un problema constante en el estudio de asuntos reclamados como injustos, motivado por diversas actuaciones no adecuadas en los procesos de investigación, acusación, juicio, dictado de sentencia e interposición de medios de impugnación.
Eso redunda en determinaciones que al ser consideradas como injustas por la ciudadanía motiva que cada institución por separado resuelva, y en algunos casos se generen actuaciones no apegadas a la ley, por aspectos multifactoriales y se emiten resoluciones no ajustadas a una realidad jurídica que afectan derechos humanos de quienes se ven inmersos en un proceso penal.
