Durante el 2019 la Legislatura mexiquense destinó más del 50% de su gasto al rubro de Iniciativas, Revisión y Expedición de Leyes, donde efectuó 2 mil 172 actividades y acciones, entre nuevas normas, informes, acuerdos, sesiones, reuniones y otros documentos.
Ese apartado, donde los legisladores gastaron 797 millones 185 mil pesos para el cumplimiento de metas, incluye la presentación y aprobación de iniciativas, la expedición de nuevas leyes, informes, reuniones de comisiones, la participación en sesiones legislativas, la atención a juicios de amparo, entre otras actividades.
De acuerdo con la Cuenta Pública del Estado de México del 2019, el congreso mexiquense tuvo que atender 781 juicios de amparo, un promedio de dos al día, por acciones legales impulsadas contra algunas normas o reformas, o por acciones del Órgano Superior de Fiscalización y de la Contraloría del Congreso local, aunque no precisa cómo se resolvieron.
El documento muestra que esta Legislatura en 2019 aprobó 104 leyes o decretos; así como 251 iniciativas, además se presentaron 525 propuestas, se realizaron 91 sesiones legislativas, así como 211 reuniones de trabajos de comisiones y comités, pero también campañas de asistencia social, informes de la Junta de Coordinación Política, de comparecencias de servidores públicos, entre otros.
En el rubro de Coordinación y Seguimiento Legislativo la cuenta muestra que a ese rubro destinaron 49 millones 210 mil pesos y se realizaron 231 acciones y actividades, entre: análisis y estudios requeridos por los secretarios técnicos, asesoramientos y seguimientos a asuntos jurídicos, la elaboración del Diario de Debates, mantenimiento del acervo legislativo, la Crónica Legislativa, proyectos, estudios, análisis y colaboraciones para el desarrollo parlamentario.
Aún cuando los diputados cuentan con secretarios técnicos, asesores y gente de apoyo para cada uno, también se muestra que destinaron 3 millones 302 mil pesos al rubro de Asesoría, Profesionalización e Investigación Parlamentaria, donde hubo 10 acciones, entre la actualización o celebración de convenios de colaboración e intercambio con instancias académicas, el diseño y desarrollo de programa de investigación y difusión de la actividad y práctica parlamentaria y otro de profesionalización en áreas vinculadas al quehacer parlamentario, pero no se precisa si se pagaron a servidores públicos, o a externos.
Otras actividades que son fundamentales en el Poder Legislativo son las de fiscalización del cumplimiento financiero, donde el año pasado se aplicaron 191.9 millones de pesos y se realizaron más de mil 358 acciones entre la fiscalización de los informes mensuales de entidades municipales, la sustanciación, la etapa de aclaración por actos de fiscalización en obra pública, por otros actos en el ámbito estatal y municipal, seguimientos a la entrega recepción, la fiscalización del presupuesto y patrimonio municipal.
También la evaluación de control interno municipal, el desarrollo de criterios y lineamientos, la fiscalización de las cuentas públicas, de todos los informes de las entidades estatales y municipales, la gestión de asuntos administrativos, seguimiento al programa de capacitación y funciones de apoyo administrativo, auditorías a algunas unidades administrativas, entre otros.
La Cuenta Pública del año pasado también revela que el Poder Legislativo contó con un presupuesto menor al ejercido en 2018, pues hace dos años fue de 1,987 millones y el anterior ascendió a mil 509 millones, de los cuales se ejercieron mil 469 millones.
La gran mayoría de los recursos se destinan al gasto de servicios personales, dónde se ejercieron mil 87 millones para pagar dietas, sueldos, primas y otras prestaciones de los trabajadores del Poder Legislativo, incluidos los 75 diputados locales.
El segundo rubro con más gasto es servicios generales con 245.2 millones ejercidos, mientras en transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas fueron 69.1 millones; en materiales y suministros 62.5 millones y en bienes muebles inmuebles 4.3 millones.
Prácticamente en todos los rubros la Legislatura mexiquense registró ahorros y es el primer informe en el que no aparece el Programa de Apoyo a la Comunidad, eliminado por estos diputados poco después de arribar al cargo, en septiembre del 2018.
Las metas
La mayoría de las metas establecidas por el Congreso fueron rebasadas, con excepción de algunas como la participación en las comparecencias de servidores públicos que llegó a un 75% de lo previsto, la fiscalización de informes mensuales de la Cuenta pública, Planeación e Investigación para integrar el informe de resultados tuvo un 22% de avance, mientras en la fiscalización a entidades municipales para verificar el debido cumplimiento de recursos llegó al 84% y la de entes públicos estatales, con base a la normatividad vigente quedó en un 83%.
En la difusión de la cultura organizacional y de fiscalización para hacerla del conocimiento del personal del Órgano Superior el avance fue de un 72% de avance y en fiscalización de desempeño al menos 3 metas se quedaron al 50%, entre ellas: fiscalizar el programa anual de evaluación del gobierno, fiscalizar mediante evaluación de desempeño los programas presupuestarios del gobierno estatal y fiscalizar mediante la evaluación programática esos mismos programas.
En tanto, en la tarea de fiscalizar con auditorías de desempeño los programas gubernamentales estatales tuvieron un 70% de avance en sus metas, y en establecer estrategias de vinculación con otras instituciones afines y organizaciones que tengan por objeto la fiscalización el avance fue del 60%.
También en verificar que se implementen acciones de mejora de observaciones no solventadas señaladas en informes de auditoría el cumplimiento de metas fue del 33% y en atender y elaborar proyectos de resolución de procedimientos y atender juicios y recursos de solo un 25%, en relación con las estimaciones que habían hecho.