Toluca, México.- A partir del próximo lunes 25 de marzo, vecinos de San Francisco Tlalcilalcalpan iniciarán una serie de marchas y actos políticos para pedir al gobernador Alfredo del Mazo Maza una audiencia inmediata, tal como lo prometió el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro, quien condicionó la fecha al cumplimiento de requisitos para integrar la iniciativa de creación del municipio número 126 en esa demarcación.
Integrantes del Grupo Social San Francisco Tlalcilalcalpan indicaron que la determinación, consensuada con sus vecinos, es en respuesta al violento desalojo de que fueron víctimas el pasado sábado durante la madrugada, pues además de desbaratar la carpa que colocaron en la Plaza de los Mártires, los elementos de la Policía Municipal de Toluca los despojaron de enseres domésticos, celulares, tarjetas de débito y crédito, que junto con otras pertenencias suman alrededor de 300 mil pesos.
Recordaron que ya presentaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la cual ratificada para esta misma semana solicitar las copias certificadas que les permitan ampliar la queja que ya interpusieron ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para contribuir a su investigación y dejar constancia antes de acudir con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Precisaron que en su denuncia piden a la FGJEM identificar y castigar a los autores intelectuales y materiales del desalojo, del cual responsabilizan al alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez; así como el pago de los 300 mil pesos en daños materiales, además de la audiencia con el gobernador Del Mazo Maza.
Por lo pronto, este sábado 23 de marzo, se llevará a cabo un festival cultural en la explanada de San Francisco Tlalcilalcalpan para informar a los vecinos si antes de esa fecha fueron o no recibidos por el gobernador Del Mazo Maza, pues en caso contrario se darán a conocer las movilizaciones políticas para dar a conocer la negativa a recibirlos y atender su reclamo en defensa de sus derechos.
Apoyados por otros colectivos de defensa de los derechos humanos, en especial de las comunidades indígenas originarias en diversos puntos del territorio estatal,