En el Estado de México existen miles de personas injustamente presas a quienes han acusado, y hasta sentenciado sin pruebas, y sin que hayan cometido algún delito.
Para el abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Antonio Lara al menos la mitad de las personas privadas de su libertad y recluidas en los centros penitenciarios del Estado de México, es decir unos 15 mil, podrían estar en ese supuesto.
"Pero injustamentemente presos podemos hablar de al menos la mitad de los internos, eso nos da hasta 15 mil personas solo en los penales mexiquenses".
Ese centro y familiares de personas privadas de su libertad iniciaron la campaña "Haz Valer Mi Libertad", encaminada a dar a conocer los casos de personas injustamente presas en el Estado de México, a quienes les han fabricado delitos en el Estado de México.
La campaña define a una persona injustamente presa como aquella que por sus condiciones socioeconómicas se encuentra en situación de vulnerabilidad, a quien se le fabrica un delito y es privada de su libertad, sin acceso a un proceso penal justo, transparente y apegado a derecho y donde el Estado justifica políticas criminales discriminatorias para demostrar, con cifras de eficacia estatal, el castigo a delitos de alto impacto, sin que eso signifique necesariamente una debida procuración y administración de justicia.
La campaña denuncia además que las personas injustamente presas tienen en común aspectos como: ser personas jóvenes, de escasos recursos, sin acceso a derechos económicos, sociales y culturales y muestran un hilo conductor o modus operandi donde denuncian que estas personas fueron víctimas de detenciones arbitrarias, sin la presentación de una orden de aprehensión, víctimas de incomunicación y tortura.
Antonio Lara explicó que aún cuando tanto los injustamente presos, como los presos políticos sufren de fabricación de delitos, son figuras distintas.
El preso político es una persona que sostenía una labor de defensa de derechos humanos, previa a su encarcelamiento, y se encuentra en la cárcel por la fabricación de un delito para hacerlo a un lado de su lucha, o castigarlo por ella.
En tanto, añadió, una persona injustamente presa no tenía esa labor pública de defensa, pero le fabricaron un delito con la intención de justificar cifras de un supuesto combate al crimen, o de presentar resultados en investigaciones criminales, las cuales no existen o son mínimas.
Los 16 presos políticos que tenían identificados en la entidad mexiquense fueron liberados entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019, tras campañas públicas, movilizaciones y pronunciamientos de organismos internacionales.
