La personas que obliguen a otras a tomar terapias de conversión sexual serán sancionadas en el Estado de México; las penas serían hasta tres años de prisión, de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad y de 50 a 200 días de multa.
Las sanciones aumentarán hasta en una mitad cuando se cometan contra menores de edad, personas con discapacidad, adultos mayores, personas privadas de libertad o quienes no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho.
El dictamen fue aprobado por mayoría de votos, pues el grupo parlamentario del PAN y la diputada Imelda López del PT votaron en contra; aunque ninguno emitió comentarios, ni argumentó su rechazo a la reforma.
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La reforma
Con los ajustes al artículo 211 del Código Penal mexiquense se establece como delito contra el libre desarrollo de la personalidad y la libertad sexual a quienes sometan, coaccionen u obliguen a otros a recibir o realizar procedimientos o métodos, con la finalidad de cambiar su orientación sexual, y derivado de esto se afecte su integridad física o psicológica.
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De acuerdo con el dictamen, se entiende por terapias de conversión aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas y psiquiátricas o tratamientos en las que se emplea violencia física o moral, psicoemocional o sexual mediante tratos crueles inhumanos o degradantes que atenten contra la autodeterminación sexual de las personas.
Si la conducta se lleva a cabo contra personas menores de edad con discapacidad, adultos mayores, privadas de libertad o quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, la pena aumentará en una mitad.
De acuerdo con el dictamen, la mayoría de esas prácticas provienen de organizaciones con una perspectiva ideológica que condena la homosexualidad, y los resultados están colmados de prejuicios sociales, porque quienes las ofrecen no son clínicas especializadas, sino “cursos o talleres” manejados en la informalidad, con lo cual violentan la libre determinación de las personas.
Las terapias ahora serán consideradas como un delito contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual, con penas más altas cuando las víctimas sean grupos vulnerables.
Diputados
Beatriz García, diputada de Morena y proponente de la iniciativa, impulsada por la organización Fuera del Clóset, leyó el dictamen y advirtió que la comunidad LGBT+ enfrenta varios retos como la discriminación selectiva y prejuicios contra ellos, pues históricamente han sido víctimas de conductas como intimidaciones, agresiones, secuestros, asesinatos y otros tipos de violencia, incluso violaciones que buscan cambiar la orientación sexual de una persona.
La reforma, dijo, busca el bienestar mental, pues las terapias en lugar de modificar la orientación sexual, erosionan la autoestima de menores de edad y de adultos e incrementan el riesgo de depresión.
Lamentó que las terapias han ganado adeptos entre personas conservadoras sin sustento teórico, pero también advirtió que la literatura psiquiátrica de los años 30 ha quedado superada.
Omar Ortega, coordinador del PRD, destacó que al tipificar esas terapias se da un paso importante a favor de la comunidad LGBT+; pero sólo es una parte, pues hay temas pendientes.
El morenistas Gabriel Gutiérrez Cureño celebró la aprobación e invitó a integrantes de la comunidad LGBT+ a participar en el proyecto de reforma constitucional que se ha empezado a construir.
Durante la sesión estuvieron presentes integrantes de la comunidad referida, quienes festejaron la aprobación con gritos de "No a la Homofobia y Sí a la Diversidad".
