En la entidad mexiquense existe una dependencia del estado encargada de construir una sociedad más segura, a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad, su nombre es Consejería Jurídica.
La cual también busca establecer proyectos estratégicos en la materia jurídico-administrativa, con los cuales se pueda garantizar una impartición de justicia para cada mexiquense, por ello es que en la entidad hay 343 defensores y defensoras públicas.
Esta Consejería también es la que se ocupa de: la justicia cotidianas y atención a los mexiquenses; la legislación y Gaceta de Gobierno; notariado; defensoría publica, registro civil; derechos humanos e igualdad de género.
También de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM); la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM); el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM); la Coordinación de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos (CEMPIDH) y del Instituto de Verificación Administrativa (INVEAMEX).
Además existen defensores y defensoras adscritos en cada Distrito Judicial, en el Estado de México hay 18, los cuales son: Chalco, Cuautitlán, Ecatepec, El Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Lerma, Nezahualcóyotl, Otumba, Sultepec, Temascaltepec, Tenango del Valle, Tenancingo, Texcoco, Tlalnepantla, Toluca, Valle de Bravo y Zumpango.
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El número de defensores y defensoras públicas por cada Distrito son:
- Chalco: 24
- Cuautitlán: 24
- Ecatepec: 43
- El Oro: 8
- Ixtlahuaca: 9
- Jilotepec: 3
- Lerma: 9
- Nezahualcóyotl: 30
- Otumba: 9
- Sultepec: 4
- Temascaltepec: 3
- Tenango del Valle: 12
- Tenancingo: 5
- Texcoco: 18
- Tlalnepantla: 68
- Toluca: 61
- Valle de Bravo: 6
- Zumpango: 7
Dando un total de 343, los cuales ocupan cargos en: Agencias del Ministerio Público, Juzgados de Control Oral, Juzgados Civiles y Familiares, Salas Personales y Justicia Para Adolescentes.
Hay que recordar que un defensor público se encarga de asesorar, defender y representar a una persona que no puede pagar un abogado particular en un proceso penal.
