Toluca, México.- Pese a que la Fiscalía General de Justicia del estado cuenta con un fondo especial para familias de víctimas de delitos, la mayoría de los hijos de mujeres asesinadas, no están considerados con apoyos económicos y psicológicos, advierte la activista Frida Guerrera Villalvazo.
Entre las familias que se apoyan, mediante la asociación que dirige la activista, se cuentan al menos 20 niños y niñas que han quedado huérfanos por la violencia e inseguridad, los cuales no están dentro de un programa especial de atención por parte de la Fiscalía estatal, dice.
Me dicen Frida sólo si es urgente se puede apoyar, pero debería de dar apoyo psicológico, jurídico y económico, que es el más lento para que se otorgue.
Pese a contar con unidades especializadas y Alerta de Violencia de Género para 11 municipios de la entidad, las fiscalías regionales carecen de atención básica para víctimas de feminicidios y mujeres desaparecidas, advirtió la activista, Frida Guerrera Villalvazo.
De igual forma la activista comentó que, de los casos que llevan mediante su asociación, en todos se han enfrentado con el factor básico de la revictimización en el proceso de denuncia y en el seguimiento de las investigaciones con los ministerios públicos.
“En las fiscalías regionales hay muchas irregularidades, casos de insensibilidad con las familias, se requiere capacitación en estos casos en policías, jueces y agentes”, comentó la defensora social al acompañar ayer a familias de víctimas de feminicidios en una reunión con el fiscal general en las instalaciones de dicha institución.
Aunado a esto, Villalvazo sostuvo que aunque se cuenta con el área de Atención a Víctimas, el trato con las familias es inhumano ya que no cuentan con la capacidad para atender situaciones especiales en el momento de denuncia de un feminicidio.
Las familias económicamente, y emocionalmente se caen, por eso están con nosotros.
Por último, agregó que el fondo para la atención a familias de víctimas de la FGJEM no se dispone para apoyar en cuestiones básicas como traslados de las familias a las fiscalías, apoyo para pago de abogados y menos subsidio para niños y niñas huérfanas de mujeres asesinadas.
