Atizapán, México.- Decenas de vecinos en municipios mexiquenses duermen bajo techos agrietados; además, luchan para entrar a sus hogares contra las puertas descuadradas y contabilizan las fisuras que carcomen las paredes de sus viviendas debido al hundimiento del suelo en el valle de México; el mayor miedo es que su casa se venga abajo.
El Estado de México cuenta con más de una decena de municipios asentados en zonas minadas que ponen en riesgo a 42 mil personas avecindadas en esas localidades, de acuerdo a un estudio de Protección Civil estatal.
Entre los municipios del valle de México que cuentan con la problemática de minas o cavernas están Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Ixtapaluca, Chalco, Coacalco y Tultitlán.
Si bien no cuentan con un censo de predios que pudieran estar expuestos ante riesgos de colapso y otras eventualidades, Protección Civil calcula que hay al menos 42 mil personas en situación de vulnerabilidad en caso de presentarse desprendimientos.
Las zonas que tienen algún grado de riesgo están en constante monitoreo por parte del área de Protección Civil para prevenir y aminorar las afectaciones que pudieran tener en algún momento, sobre todo en esta temporada de lluvias.
Se han hecho estudios para establecer la dimensión y extensión de las cavernas y zonas minadas que existen en territorio estatal, además, los ayuntamientos involucrados en esa problemática han tomado cartas en el asunto, haciendo diferentes acciones de prevención y reacción.
Atizapán atendió el año pasado algunos hundimientos de tierra por cavernas que aparecieron durante la temporada de lluvias. Del total del territorio municipal, 35 por ciento está en suelo minado, lo que afecta a aproximadamente 70 colonias; sin embargo, no están en situación de riesgo, asegura Carlos Miranda, subdirector de Protección Civil de este municipio.
A su vez, se han hecho recorridos por la calle Margaritas, en la colonia Ex Hacienda de Pedregal, donde hubo un socavón que obligó a las autoridades a desalojar 13 viviendas el año pasado.