Al menos 30 de los 32 diputados locales de Morena que fueron sancionados por votar a favor del incremento en el refrendo vehicular en el estado de México impugnaron la suspensión de sus derechos partidarios -por seis y doce meses- que les impuso la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de esa fuerza política.
De acuerdo con algunos legisladores de Morena Azucena Cisneros y Faustino de La Cruz no firmaron, al considerar que debían aceptar la sanción, aunque algunos esperaban que reconsideraran y lo hicieran antes de que venciera el plazo.
Sin embargo, la mayoría de los representantes populares morenistas coincidieron en que debían impugnar, pues creen que no incurrieron en ninguna falta y no hay elementos para suspender sus derechos.
El recurso de inconformidad fue entregado a la Oficialía de Partes de Morena y en caso de que no les den la razón, ya han anunciado que recurrirían a la sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El coordinador de esa bancada, Maurilio Hernández anunció en esta semana que la sanción es una “aberración” jurídica, viciada de origen, al no haberse respetado el debido proceso y derivada de una interpretación equivocada de los estatutos y de un desconocimiento de las funciones y responsabilidades de los legisladores.
Defendió que no violentaron los estatutos,ni aprobaron aumentar los impuestos, pues el refrendo es un derecho.
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La Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena decidió sancionar a 32 de los 36 legisladores mexiquenses con la suspensión de sus derechos partidarios. A 31 por seis meses y a uno más: Nazario Gutiérrez por un año, tras haber votado a favor del incremento en el refrendo vehicular en el Estado de México.
La sanción se generó por denuncias de militantes presentadas en enero de este año e inhabilita a los legisladores a participar en órganos de dirección y representación de Morena o para ser postulados a un cargo de elección popular, por esos períodos, pero como no hay elecciones en puerta, para los siguientes comicios del 2021 ya podrían ser candidatos.
El jueves el grupo parlamentario tuvo una reunión en el Congreso local para definir la impugnación, pero de acuerdo con algunos asistentes, dos legisladores rechazaron impugnar y el recurso de inconformidad fue firmado por 30 de los 32 sancionados.
Maurilio Hernández advirtió que al inconformarse con la sanción, ninguno de los efectos de la suspensión queda firme, hasta que las autoridades, primero internas y después externas, determinen si se ratifica la suspensión de sus derechos.
