En México la impunidad en la que vivimos es responsable de que para los delincuentes resulte normal asesinar a un ciudadano común o un político o a u funcionario público, porque al saber que no pasa nada siguen cometiendo delitos, aseguró Cristina Eugenia Pablo Dorantes, coordinadora de la licenciatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).
Aseguró que la única manera de bajar los índices de criminalidad en nuestro país es con la aplicación de la ley de la mano de una política de prevención y seguridad ciudadana, pero no con lo que denominó “el Derecho Penal del enemigo”; es decir, simplemente aumentar las penas, que es lo que están intentando hacer los legisladores cuando suceden hechos delincuenciales relevantes.
El asesinato de la Síndico municipal de Jilotepec, Beatriz García Licona, en el ámbito local; el robo de celulares en la Ciudad de México y el atraco a la Casa de Moneda en la capital del país son muestra clara de que el delincuente no está pensando en la pena que le van a imponer su comete el delito y, por tanto, no son políticas disuasivas y mucho menos de prevención del delito y seguridad ciudadana.
La también maestra en Prevención del Delito y Sistemas Penitenciarios, citó las fases del iter criminis, es decir, el camino del delito, que son tres: la primera cuando conciben el delito; la segunda, cuando adquiere los instrumentos que necesita para cometerlo y, tercero, cuando ejecuta el acto delictivo, para ejemplificar que el delicuescente no contempla la pena que recibirá.
Más bien piensan en la forma de evadir a la justicia, dijo e imaginó a quienes robaron millones de pesos en Centenarios, apartar una cantidad para “comprar” al Ministerio Público y al juez, para pagar la fianza que le fijen en caso de obtener algún beneficio, y el demás dinero se lo va a gastar, o sea sí es negocio.
Ellos lo saben por la impunidad en que vivimos, pues si matar a una mujer no pasa nada, si salir borracha de un restaurante y matar a una viejita no pasa nada, pues no va a pasar nada si matamos a un servidor público, a un funcionario y ello, precisó, sin importar el motivo, estamos hablando de una fase del iter criminis y sin entrar al motivo por el que va a cometer el delito, simplemente el delincuente piensa cómo va a evadir la acción de la justicia, lo cual está plenamente justificada al hacer impunidad, insistió.
Aunado a ello, dijo, la policía no está capacitada para actuar como primer respondiente y se le van muchos elementos que concluyen en que la detención fue ilegal y, por lo tanto, pueden quedar en libertad los delincuentes y de eso sí está pendiente el criminal, no en la penalidad que le vayan a imponer.
Entonces al normalizar la violencia nos encontramos con esa normalización de la impunidad, pues ellos piensan: “sé que lo puedo hacer, es algo normal, porque nadie me va a detener, no le tengo miedo a la autoridad porque sé que nada me va a a pasar”, concluyó.
Inició durante el proceso electoral 2018
La escalada de violencia contra actores políticos inició durante la campaña electoral del año pasado, con la agresión al precandidato del PRI a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli, Francisco Rojas San Román, es baleado y asesinado por desconocidos en la colonia San Lorenzo Río Tenco, el 3 de febrero.
El 20 de abril, con al menos cinco balazos y el tiro de gracia fue asesinado en la localidad San Pablo Jolalpan, Sebastián Alejandro Espejel Gómez, candidato a regidor del Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc por la coalición PAN-PRD-MC.
El 9 de febrero, el entonces líder estatal y candidato a diputado federal del partido Encuentro Social (PES), Vicente Onofre, fue agredido con armas de fuego.
Solicitaron protección
Debido a las agresiones, solicitaron protección los candidatos a presidentes municipales, Gerardo Nava Sánchez: Zinacantepec (Morena-PT-Encuentro Social); Francisco Zermman Romero: Tenango del Aire (Morena-PT-Encuentro Social); Víctor Abraham Jiménez Güereca: Chalco (Vía Radical); Rubén Rangel Vargas: Nicolás Romero (Vía Radical) y, Alberto Cabrera Abanza: Ixtapaluca (PAN-PRD-MC).
Asimismo, Vicente Onofre Vázquez, presidente estatal y candidato a diputado federal por el partido Encuentro Social; así como la aspirantes a diputada local: Lizbeth Palacios Rodríguez (PAN-PRD-MC).
Adicionalmente, la dirigencia estatal del Partido Encuentro Social solicitó protección para 20 de sus candidatos a diversos puestos de elección popular.
Tres funcionarios asesinados
En lo que va del año, tres servidores públicos municipales han sido víctimas de homicidio, el 19 de marzo, perdió la vida el segundo regidor de Atizapán de Zaragoza, Rodrigo Segura Guerrero, quien había recibido amenazas de muerte.
El 17 de julio fue encontrado sin vida el cuarto regidor del municipio de La Paz, Eusebio Martínez Peláez, dentro de la cajuela de su auto y con un disparo de arma de fuego en la cabeza. Había sido reportado como desaparecido por su familia desde el viernes 12 de julio.
Este 7 de agosto, asesinaron a tiros, por la espalda, a la síndica municipal de Jilotepec, Beatriz García Licona, cuando transitaba, a bordo de su vehículo, por el camino que conduce de Coscomate del Progreso a Dexcani Bajo.
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