/ lunes 23 de septiembre de 2024

Iniciativas de ley ante la Legislatura del Edomex tendrán que estar sustentadas

El Gobierno estatal emitió el nuevo protocolo que incluyen proporcionar a la Legislatura local elementos técnicos operativos, presupuestales, financieros, administrativos y jurídicos en el proceso de formación de leyes o decretos.

Si alguna dependencia u organismo auxiliar busca presentar una iniciativa de ley ante la Legislatura mexiquense deberá plantear el impacto económico que tendrá y si existen los recursos para sustentarla, de acuerdo con el nuevo Protocolo para la Interacción, Comunicación y Coordinación de las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Además, cualquier comparecencia de titulares de dependencias o de los propios organismos ante el Congreso local deberán ser con conocimiento de la gobernadora Delfina Gómez, previa coordinación con la Secretaría General de Gobierno y la solicitud por escrito del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local.

El secretario general de gobierno Horacio Duarte Olivares emitió el nuevo protocolo que incluyen proporcionar a la Legislatura local elementos técnicos operativos, presupuestales, financieros, administrativos y jurídicos en el proceso de formación de leyes o decretos.

Por ello, entre otras cosas se plantea que si alguna dependencia u organismo busca impulsar una iniciativa deberá enviarla a la gubernatura, a la secretaría General de Gobierno, con copia a la Consejería Jurídica, y con la certificación de suficiencia presupuestal y la estimación de impacto presupuestario.

En caso de que implique una afectación al presupuesto, también debe llevar la aprobación del dictamen de reconducción y actualización presupuestal, emitido por la Secretaría de Finanzas, con los argumentos técnicos y jurídicos que lo justifiquen.

El protocolo señala que la conducción de la relación del poder Ejecutivo con el Legislativo se realizará a través de la comunicación que establezca la secretaría General de Gobierno con las autoridades y órganos legislativos que señale la ley, y la Consejería Jurídica coadyuvará con esa dependencia, revisará los proyectos de iniciativas de ley o decreto y elaborará el proyecto de agenda legislativa para someterla a la consideración de la titular del Ejecutivo.

También advierte que la comunicación, posicionamiento u observaciones y comentarios de dependencias y organismos auxiliares deberán ser coherentes con la política gubernamental, el Plan de Desarrollo estatal y los objetivos estratégicos de la administración pública.

En el tema de las comparecencias se deberá informar a la gobernadora, previa coordinación con el secretario General de Gobierno y una solicitud por escrito del presidente de la Junta de Coordinación.

También se señala que dependencias y organismos auxiliares deberán informar a la gubernatura, a través de la secretaría General de Gobierno, con copia a la Consejería, las solicitudes de asistencia y reuniones con comisiones legislativas, los exhortos, las solicitudes de comentarios y observaciones a iniciativas.

De igual forma, las solicitudes de información por parte de cualquier órgano o autoridad legislativa y cualquier otra interacción que realice la mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política, las comisiones legislativas o cualquier órgano o autoridad del Congreso local.

El protocolo precisa que a las reuniones debe acudir al menos una persona representante designada por la persona titular de la dependencia u organismo auxiliar, y cuando sea requerido, también representantes de la secretaría General de Gobierno y de la Consejería Jurídica para definir la posición gubernamental conjuntamente.

En caso de que el asunto corresponda a dos o más instancias, tanto la secretaría General, como la Consejería coordinarán la homologación del posicionamiento conjunto.

Una vez realizada la reunión, las personas titulares de dependencias u organismos o su representantes informarán a la gubernatura, a través de la secretaría General de Gobierno, con copia a la Consejería, los resultados y acuerdos alcanzados, las obligaciones y compromisos adquiridos.

Además, la Consejería Jurídica remitirá a dependencias y organismos las iniciativas presentadas por los diversos grupos parlamentarios del Congreso local para que emitan observaciones, comentarios o propuestas de modificación, a fin de dar un correcto seguimiento y atención al proyecto legislativo.

En caso de que la Legislatura solicite al Ejecutivo el envío formal de comentarios y observaciones, las dependencias y organismos deberán remitir a la secretaría General de Gobierno, con copia a la Consejería Jurídica, sus proyectos de observaciones, a fin de ser considerados, y si se refieren a dos o más dependencias se deberá conformar un grupo de trabajo, previo a la reunión con el Legislativo para definir líneas estratégicas y la postura jurídica de la administración estatal.

Las personas titulares de dependencias u organismos podrán colaborar en la gestión o cabildeo para el trámite, impulso o atención de iniciativas, coordinándose previamente en los temas a tratar o pretensiones respectivas y hacerlo del conocimiento de la titular del Ejecutivo.

Si alguna dependencia u organismo auxiliar busca presentar una iniciativa de ley ante la Legislatura mexiquense deberá plantear el impacto económico que tendrá y si existen los recursos para sustentarla, de acuerdo con el nuevo Protocolo para la Interacción, Comunicación y Coordinación de las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Además, cualquier comparecencia de titulares de dependencias o de los propios organismos ante el Congreso local deberán ser con conocimiento de la gobernadora Delfina Gómez, previa coordinación con la Secretaría General de Gobierno y la solicitud por escrito del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local.

El secretario general de gobierno Horacio Duarte Olivares emitió el nuevo protocolo que incluyen proporcionar a la Legislatura local elementos técnicos operativos, presupuestales, financieros, administrativos y jurídicos en el proceso de formación de leyes o decretos.

Por ello, entre otras cosas se plantea que si alguna dependencia u organismo busca impulsar una iniciativa deberá enviarla a la gubernatura, a la secretaría General de Gobierno, con copia a la Consejería Jurídica, y con la certificación de suficiencia presupuestal y la estimación de impacto presupuestario.

En caso de que implique una afectación al presupuesto, también debe llevar la aprobación del dictamen de reconducción y actualización presupuestal, emitido por la Secretaría de Finanzas, con los argumentos técnicos y jurídicos que lo justifiquen.

El protocolo señala que la conducción de la relación del poder Ejecutivo con el Legislativo se realizará a través de la comunicación que establezca la secretaría General de Gobierno con las autoridades y órganos legislativos que señale la ley, y la Consejería Jurídica coadyuvará con esa dependencia, revisará los proyectos de iniciativas de ley o decreto y elaborará el proyecto de agenda legislativa para someterla a la consideración de la titular del Ejecutivo.

También advierte que la comunicación, posicionamiento u observaciones y comentarios de dependencias y organismos auxiliares deberán ser coherentes con la política gubernamental, el Plan de Desarrollo estatal y los objetivos estratégicos de la administración pública.

En el tema de las comparecencias se deberá informar a la gobernadora, previa coordinación con el secretario General de Gobierno y una solicitud por escrito del presidente de la Junta de Coordinación.

También se señala que dependencias y organismos auxiliares deberán informar a la gubernatura, a través de la secretaría General de Gobierno, con copia a la Consejería, las solicitudes de asistencia y reuniones con comisiones legislativas, los exhortos, las solicitudes de comentarios y observaciones a iniciativas.

De igual forma, las solicitudes de información por parte de cualquier órgano o autoridad legislativa y cualquier otra interacción que realice la mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política, las comisiones legislativas o cualquier órgano o autoridad del Congreso local.

El protocolo precisa que a las reuniones debe acudir al menos una persona representante designada por la persona titular de la dependencia u organismo auxiliar, y cuando sea requerido, también representantes de la secretaría General de Gobierno y de la Consejería Jurídica para definir la posición gubernamental conjuntamente.

En caso de que el asunto corresponda a dos o más instancias, tanto la secretaría General, como la Consejería coordinarán la homologación del posicionamiento conjunto.

Una vez realizada la reunión, las personas titulares de dependencias u organismos o su representantes informarán a la gubernatura, a través de la secretaría General de Gobierno, con copia a la Consejería, los resultados y acuerdos alcanzados, las obligaciones y compromisos adquiridos.

Además, la Consejería Jurídica remitirá a dependencias y organismos las iniciativas presentadas por los diversos grupos parlamentarios del Congreso local para que emitan observaciones, comentarios o propuestas de modificación, a fin de dar un correcto seguimiento y atención al proyecto legislativo.

En caso de que la Legislatura solicite al Ejecutivo el envío formal de comentarios y observaciones, las dependencias y organismos deberán remitir a la secretaría General de Gobierno, con copia a la Consejería Jurídica, sus proyectos de observaciones, a fin de ser considerados, y si se refieren a dos o más dependencias se deberá conformar un grupo de trabajo, previo a la reunión con el Legislativo para definir líneas estratégicas y la postura jurídica de la administración estatal.

Las personas titulares de dependencias u organismos podrán colaborar en la gestión o cabildeo para el trámite, impulso o atención de iniciativas, coordinándose previamente en los temas a tratar o pretensiones respectivas y hacerlo del conocimiento de la titular del Ejecutivo.

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