Este miércoles se instaló el Observatorio Ciudadano de la Amnistía del Estado de México que dará seguimiento a la aplicación de la Ley de Amnistía en el Estado de México, donde participan organizaciones locales, federales e internacionales.
La expectativa, advirtió Citlali Cleto Bustamante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, es que esa norma ayude a disminuir la sobrepoblación en los centros penitenciarios, pero también a liberar a personas injustamente presas y deberá considerar a toda la población, incluyendo a personas analfabetas, con discapacidad, indígenas y que se aplique con perspectiva de género.
Mientras las organizaciones plantearon la necesidad de implementar programas de reinserción social que no estigmaticen a la gente y les permitan reinsertarse, el diputado de Morena Max Correa Hernández planteó la necesidad de crear un fondo para que la gente sin recursos pueda reparar el daño y acceder a la amnistía.
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El objetivo es ofrecer informes bimestrales y conocer las trabas que puedan surgir.
El diputado de Morena y presidente de la Comisión especial legislativa, Gerardo Ulloa Pérez señaló que invitarán a un parlamento abierto para que les comenten casos, mientras Julio Hernández Ramírez también afirmó que trabajarán por personas injustamente presas y aseguró que habrá puertas abiertas.
El activista Oscar Hernández Neri señaló que deben atenderse no solo delitos no graves, sino también los de alto impacto.
Ana María del Valle de CEA Justicia Social señaló que la ley debe complementarse con acciones de reinserción social para que las personas puedan regresar a sus comunidades y se les garanticen mejores condiciones de vida, los derechos a la alimentación, a la salud y otros.
La ley, añadió, podrá ayudar a solucionar problemas y a dar justicia a personas injustamente presas, pues la ley estatal es la segunda aprobada por una entidad y una de las más completas, pero se requiere que sea aplicada con perspectiva de género, sin estigmatizar a las personas.
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El observatorio dará seguimiento a la ley, a los mecanismos de difusión, revisarán la implementación, que exista un programa de reinserción y que opere con mayor rapidez.
Daniela Malpica de Justicia Transicional México señaló que a casi un año de que se aprobó la Ley federal nadie ha sido liberado por esa norma y esperan que la mexiquense tenga mejores resultados. Dijo que hay mucho interés en dar seguimiento a la aplicación de la norma mexiquense.
También hubo comentarios en torno a que hay gente a la que le han fabricado delitos y se requiere restaurar la confianza de comunidades, evitar la fabricación de culpas, no poner estigmas y humanizar a autoridades porque un problema es que los procuradores de justicia no lo son.
Mariano Beltrán, observador independiente de España señaló que la gente se desgasta en intentar demostrar su inocencia y es necesario que sus voces se escuchen.
El diputado de Morena, Max Correa Hernández pidió presentar casos de personas procesadas o sentenciadas por delitos graves, pues la amnistía está abierta a todos los delitos, llamó a crear un fondo de reparación del daño, pues la gente sin recursos no podrá pagarla y dijo que se justifica la ley para la reivindicación de muchos casos. También opinó que esa norma favorecerá a muchas mujeres.
El activista Oscar González Neri advirtió que mucha gente es muy pobre, por lo cual sería importante conformar el fondo para apoyar a quienes deben reparar daños para acceder a la amnistía.
