El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de México ha detectado más de 30 municipios donde hay presiones a las y los integrantes de los sistemas municipales, la intención de disminuirles sueldos, o los tienen en la incertidumbre porque su situación no ha sido definida.
El presidente del CPC, José Guadalupe Luna, explicó que aún cuando cuentan con 110 CPCs en el Estado de México, las condiciones son adversas, pues muchas autoridades no entienden que esos órganos son una obligación legal que deben cumplir, y las y los integrantes no duran el mismo periodo que los ayuntamientos.
Hasta el momento tienen identificados a 16 municipios con presiones hacia las y los integrantes de los CPC para que renuncien, seis municipios donde existe la intención de disminuirles las percepciones y diez donde ni siquiera han recibido a las y los integrantes de los CPC.
Desde 2017 no se ha logrado tener los 125 sistemas municipales anticorrupción; de hecho terminaron 2021 con 108 y el cuatro de febrero llegaron a 110, pero todavía están a 15 de la meta.
No obstante, José Guadalupe Luna advirtió que la parte más difícil viene por la renovación de los gobiernos y es sumamente grave que algunas autoridades quieran desinstalar los sistemas. Ejemplificó el caso de Nicolás Romero, donde aún con reelección la contralora inventó una auditoría y destituyó a una persona.
Los municipios
En 16 municipios han identificado una presión clara de las autoridades municipales para que renuncien al CPC y puedan elegir uno nuevo, entre ellos: Ixtapan del Oro, Jaltenco, Teoloyucan, Tepetlaoxtoc, Villa Guerrero, Tenango del Valle, Atizapán, Jilotzingo, Rayón, Juchitepec, Ozumba, Tlalmanalco, Ocoyoacac, Chimalhuacàn y Capulhuac.
Además, en seis municipios existe la intención de disminuir los salarios o los están revisando, pero no les confirman como: Cuautitlán México, Cuautitlán Izcalli, Tultepec y La Paz y hay algunos con expectativas, pero sin resolver prestaciones, como: San José del Rincón, Xalatlaco, e Ixtapan de la Sal.
Los diez donde ni siquiera los han recibido son: Aculco, Almoloya de Alquisiras, Amanalco, Amatepec, Ecatzingo, Hueypoxtla, Lerma, Sultepec y Ocuilán, pues Polotitlán se acaba de resolver.
Explicó que entre los casos más graves están: Ixtapan del Oro donde hay presión para que renuncien, Jaltenco donde el cabildo decidió, sin tener la facultad, desconocer al CPC, mientras Teoloyucan no lo reconoce, Teotihuacán ofrece una percepción muy baja y Tepetlaoxtoc ha generado presión para que renuncien.
En Villa Guerrero, añadió, ya platicó con el alcalde, en Tenango del Valle renunciaron los integrantes, al igual que en Rayón; en tanto en Atizapán Santa Cruz, Jilotzingo, Juchitepec y Ozumba existen presiones y en Tlalmanalco les ofrecieron solo mil pesos al mes.
Luna refirió que en Ocoyoacac ya acudió a cabildo y le explicaron al alcalde lo que señala la ley, pero advirtió que no tiene voluntad de diálogo, e incluso los integrantes del CPC fueron desalojados del área donde trabajaban. Han denunciado acoso, toma de fotografías y videos hacia ellos y en Chimalhuacán y Capulhuac no han sido reconocidos.
Reconoció que ha sido un inicio de año complicado para el sistema y recordó que tanto el CPC, como el Comité Coordinador ya emitieron un exhorto para pedir respeto de los municipios a los sistemas y estarán al pendiente, para en todo caso, iniciar los procedimientos, pues casos como el de Jaltenco están documentados por las actas de cabildo.
Habrá consecuencias
Luna adelantó que analizarán la ruta jurídica impugnativa para que se inicien los procedimientos administrativos y en la mayoría de los casos los CPC municipales deberán hacerlo y el CPC estatal los acompañará.
Anunció que esa situación la harán del conocimiento de la Legislatura para que las y los ediles sean llamados al orden y al respeto y advirtió la necesidad de quitar la idea de que los comités municipales deben ser dependientes de los ayuntamientos.
A veces, precisó, alcaldes y contralores creen que pueden hacer lo que se les ocurra, aun cuando no tienen facultades, y con la mano en la cintura cometen esos actos, derivados de ignorancia y prepotencia y aderezado por un clima general de impunidad.
Luna señaló que la ruta a seguir la analizará el CPC, pero al menos en Jaltenco existe causa de responsabilidad administrativa, obstáculos al cumplimiento del sistema anticorrupción; por lo cual también propondrá dar vista a la Fiscalía anticorrupción, impugnar al Tribunal de Justicia Administrativa, y analizará si existe la posibilidad de demostrar una afectación del régimen administrativo del municipio para promover un juicio político. “Pero está en análisis y sería una posición fuerte”, alertó.
Luna consideró que existe resistencia política por temor a que les supervisen y refirió que existe una iniciativa del CPC y del PT en el Congreso para reformar la Ley Orgánica Municipal, a fin de establecer que no es posible destituir a las y los integrantes de los sistemas municipales, establecer que su contraprestación sea fija e igual a la del titular de la contraloría.
