La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que dotará de todas las facilidades a la autoridad competente para la investigación respecto a los presuntos actos de tortura en contra de al menos seis personas privadas de su libertad en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenancingo, denunciados por integrantes de organizaciones civiles de derechos humanos.
A través de una tarjeta informativa la dependencia estatal señaló que, en caso de encontrarse irregularidades al interior de dicho centro penitenciario, aplicará todo el peso de la ley en contra de él o los probables responsables con la firme convicción de que el estado de derecho es el único eje rector.
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Adicionalmente, externó que la institución se conduce bajo los principios de respeto y apego irrestricto a los derechos humanos, por lo que se mantendrán atentos al resultado de las investigaciones emprendidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
La denuncia
Este fin de semana integrantes de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos adheridos a la Alerta Temprana Red, acusaron denuncias de intento de extorsión y tortura en contra de por lo menos seis personas privadas de la libertad al interior del Penal de Tenancingo.
Los denunciantes refirieron que las víctimas fueron agredidas físicamente durante varias horas por parte de algunos custodios, además de que fueron aislados, humillados y les colocaron bolsas de plástico en la cabeza, presuntamente a petición del director del penal.
A ello sumaron supuestos intentos de extorsión, motivo por el cual solicitaron la intervención de la CODHEM.
Por lo anterior, el organismo estatal defensor de derechos humanos inició la investigación de oficio número CODHEM/SP/586/2021 por la probable vulneración del derecho de las personas privadas de la libertad a no ser sometidas a tratos crueles, inhumanos ni degradantes.
Por su parte, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos dio a conocer que denunció los hechos a través de sus redes sociales.
Tras darse a conocer los hechos, las organizaciones civiles denunciantes también solicitaron la intervención del Poder Judicial mexiquense, la Fiscalía General de Justicia y la Subsecretaría de Control Penitenciario para que se garantice el cumplimiento de las normas jurídicas mexicanas, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la aplicación de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, las Reglas Mandela y la Ley Nacional de Ejecución Penal.