De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre 1964 y 2021, en México desaparecieron casi cien mil personas; de esos casos sólo el 25 por ciento se denunció y de ese porcentaje únicamente el cinco por ciento se judicializó, informó la abogada Penalista, Italy Dessire Ciani Sotomayor.
Lo anterior en el marco de la Jornada “El delito de Desaparición en el Estado de México:Causas y Efectos”, realizada por el Poder Judicial del Estado de México, en la cual se abordaron paneles y conferencias en temas de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad de las personas, entre otras.
José Romero Apis, destacado jurista, sostuvo que existen 48 formas de privación de la libertad que están en la ley, entre ellas, arresto o presentación de lesionados, el arraigo de testigos y la incomunicación de los mismos.
En su intervención, el gerente del Programa contra Delitos que afectan el Medio Ambiente de UNODC, Marco Antonio del Toral Morales, expuso que la delincuencia organizada es una de las principales propulsoras de la desaparición y privación ilegal de la libertad, y resaltó la importancia de la prevención como eje central de la política nacional para su erradicación.
La abogada especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Miriam Heredia Zertuche, explicó que la desaparición forzada de personas incluye la aprehensión, detención o secuestro de individuos por un estado u organización política, aspectos clasificados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Finalmente, la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Myrna Araceli García Morón, indicó que casos de desaparición forzada como los de Radilla Pacheco, Alvarado Espinosa y Ayotzinapa, sentaron las bases, elementos y necesidades, para la prevención, búsqueda inmediata e investigación.
Entre las principales conclusiones del evento clausurado por el titular del Poder Judicial mexiquense, Ricardo Sodi Cuellar resaltan la necesidad de crear una base efectiva de estadísticas, la revisión y unificación de protocolos de actuación de las instituciones involucradas en la atención y persecución de delitos de desaparición y privación ilegal de la libertad, entre otros.
En el evento se registró la asistencia del Consejo de la Judicatura estatal, de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, así como de los colectivos Feminista Ehécatl, Uniendo Esperanzas y Deudos y Defensores por la Dignidad de nuestros Desaparecidos.
