La investigadora Maria Marván Laborde advirtió que el Estado mexicano, el Gobierno y el Instituto Federal de Telecomunicaciones han fallado "grandemente" en el tema de conectividad, pues apenas el 40% de la ciudadanía tiene acceso a internet, y con la pandemia, el tema se volvió gravísimo.
Advirtió que no sólo se ha negado a una gran parte de las y los mexicanos el derecho a la información, por la muy mala penetración de internet en el país, sino que en pandemia se negó la educación a la niñez más desfavorecida.
Ese tema, señaló, debe preocupar, pues tiene que ver con los retos y cambios tecnológicos y se debe asumir la responsabilidad de la desigualdad que genera la falta de acceso a los cambios tecnológicos.
Durante el conversatorio organizado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Infoem), por el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información dijo que hay retos del derecho de acceso a la información, pues incluyeron en la ley "un montón de cosas" y muchas han sido imposibles de cumplir.
La especialista consideró que haber sumado a las obligaciones de las leyes de transparencia a entes privados, e inclusive a individuos por el solo hecho de haber recibido cualquier tipo de apoyo gubernamental, lejos de mejorar la ley, la ha hecho imposible de cumplir, y eso ha favorecido que se incrementen las trampas en lo que se podría cumplir.
Otro tema a analizar, dijo, es la "desgracia" del artículo 70 de la Ley General de Transparencia, pues incrementó las obligaciones de transparencia hasta el absurdo y provocó una "grandísima dificultad" para los sujetos obligados, pues no se dieron cuenta de que estaba diseñado casi exclusivamente a la administración federal.
Ejemplificó qué sentido tiene incluir un apartado de la obligación de entregar subsidios, cuando no es facultad del ente, pues se generan vacíos de información.
El riesgo más grande en el uso de las tecnologías de la información, señaló, es que incremente la opacidad y no la transparencia, pues no hay manera más fácil de esconder la información que con información y algunas prácticas se han convertido en obstáculos para el acceso a ésta.
Una de ellas tiene que ver con los archivos, pues el hecho de que un 90% de funcionarios cuenten con una computadora no garantiza saber en cuál está guardada la información, hay falta de claridad sobre quién es responsable de guardar información, cómo se guarda y depura.
Uno de los problemas de las tecnologías de acceso a la información, dijo, es que se dispersa y se diluye la obligación de quién es la unidad o el funcionario responsable, cuál debe estar en formato físico y cuál en digital y creer que garantizan el acceso al subir un "mundanal" de Información.
También enfatizó que los PDFs son opacos, pues de manera no intencionada se esconde la información con información y se desgasta a servidores públicos que deben cargar los datos.
El reto tecnológico, dijo, es hablar de acceso a bases de datos y no a PDFs que revelan algunas cosas y otras quedan desactualizadas casi al momento de subirlas, por lo cual concluyó que aún cuando se ha avanzado mucho, todavía hay muchos retos por delante.
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