Diputadas y diputados locales de la mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso del Estado de México coincidieron en que las terapias de conversión sexual no tienen razón de ser, pues la homosexualidad no es una enfermedad.
En breve la Legislatura mexiquense podría prohibir las terapias de conversión sexual, pues la mayoría de las bancadas están de acuerdo en que atentan contra los derechos de las personas, aunque también hay quienes piden analizar a fondo y no criminalizar a quienes las realizan.
Las y los diputados locales analizarán si la penalidad para quienes realicen terapias de conversión sexual serían de hasta tres años, o de hasta seis como se ha planteado en el Senado de la República y buscarán reuniones con autoridades de instituciones como la Fiscalía General de Justicia.
Este lunes, en comisiones, Beatriz García de Morena, autora de la propuesta llamó a concretar las reformas porque las terapias de conversión son prácticas muchas veces clandestinas donde se vende la idea de que las personas están enfermas por su orientación sexual, o por tener una identidad distinta.
Además, dijo, se les somete a tratamientos psiquiátricos y psicológicos donde usualmente se emplea la violencia física, psicoemocional y sexual, por lo cual es necesario reconocer el derecho a la libre determinación.
Las terapias, añadió, trasgreden los Derechos Humanos y no hay evidencia científica de que sirvan, pues la homosexualidad no es una enfermedad psiquiátrica y las terapias van contra los derechos.
Juan Maccise del PRI señaló que las terapias consisten en sesiones psiquiátricas o psicológicas para anular o modificar la identidad de género y la orientación sexual de una persona.
Existen registros de que a veces hay maltrato físico, privación de la libertad y hasta violaciones grupales, mientras la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y asociaciones de 20 países han repudiado los esfuerzos por cambiar la identidad de género.
Gerardo Ulloa de Morena refirió la necesidad de revisar las penas que se proponen, pues el Senado prevé sanciones más altas de dos hasta 6 años de prisión y la iniciativa plantea local de uno a tres años.
Alicia Mercado también de Morena señaló que la homosexualidad no es ningún trastorno, ni enfermedad, por lo cual no hay razón para que las personas no puedan gozar de su vida y las terapias son una amenaza para la salud de las personas, pues la preferencia sexual distinta no es una enfermedad y en ellas muchas veces se emplea violencia, por lo cual esas prácticas se deben prohibir a la brevedad y no caer en errores de otras entidades, ni en omisiones legislativas.
José Antonio García del PAN señaló que el artículo 14 constitucional consagra la aplicación del orden penal y prohíbe imponer pena por analogía, mientras la Suprema Corte exige la emisión de normas claras, por lo cual pidió analizar la figura y tener en cuenta diversos elementos para tipificar la conducta y que la descripción no permita una aplicación vaga de la ley.
La propuesta de sancionar las terapias, opinó, no cumple con los principios de taxatividad, ni de legalidad, puede ser imprecisa y deja abierta la posibilidad de arbitrariedades, pues no es clara en torno a qué es terapia de conversión y podría considerarse como tal hasta una charla con familiares, por lo cual pidió no criminalizar el libre ejercicio, ni la posibilidad de quien desee elegir un tratamiento.
La postura del PAN, dijo, es fortalecer la iniciativa en diálogo abierto y con apego a los derechos humanos.
Gabriel Gutiérrez Cureño de Morena señaló que el tema es vital porque tiene que ver con elementos básicos y vitales y entienden que hay una percepción conservadora sobre los derechos humanos, pero deben plantear hasta dónde llegarían las sanciones y no perseguir a los profesionales cuando las terapias sean voluntarias.
María Luisa Mendoza Mondragón del PVEM consideró que las terapias de conversión carecen de fundamento, pues esas prácticas son para curar algo, pero en la homosexualidad no hay nada que sanar. Anunció que presentará sus propuestas
Julio Hernández de Morena consideró que la propuesta servirá mucho, planteó hacer las adecuaciones que se requieran para fortalecerla y tener en cuenta que la necesidad de garantizar los derechos de la comunidad LGBTTIQ. Pidió no tardar mucho en reunirse y sumar al Estado de México en las entidades que aprueban esas reformas.
Karina Labastida, de Morena reconoció que el tema puede causar escozor, pero deben legislar por las minorías y llamó a impulsar iniciativas en otras normas como la Ley de Salud y no sólo criminalizar.
Imelda López del Partido del Trabajo pidió analizar la propuesta, pero dijo que el problema no está en el ADN, sino en la mente, por lo cual llamó a preguntar y a analizar a fondo.
Beatriz García, tras escucharlos señaló que tienen en sus manos la propuesta y las observaciones de la Fiscalía y del PRD. La propuesta es establecer un capítulo específico sobre terapias de conversión para beneficiar a ese sector.
Mercedes Colin del PRI señaló que hay coincidencias para seguir revisando la propuesta y determinar si aumentan la penalidad como lo plantea el Senado, pues coinciden en que las terapias vulneran derechos de las personas, por lo cual es necesario legislar sobre ellas y en materia penal revisar la legalidad de la iniciativa, además de invitar a representantes de autoridades como la Fiscalía y continuar con la mesa técnica.
