A la justicia en línea le falta mucho para ser pronta, expedita, eficaz y eficiente, principalmente por la falta de un criterio homologado, aseguró Enrique Lazaga Yamín, presidente del Colegio de Abogados del Estado de México.
Entrevistado sobre el funcionamiento de las audiencias en línea, manifestó su preocupación por la tardanza en la impartición de justicia, pues los juzgadores no se ponen de acuerdo en cómo seguir trabajando mientras dure la pandemia por Covid-19.
Reconoció la buena disposición del presidente del Poder Judicial, Ricardo Sodi Cuéllar para que el tribunal electrónico funcione, pero hay jueces que no están dando audiencias presenciales en espera del semáforo verde y otros que obligan a las partes a asistir a los tribunales.
Las audiencias en línea nos sirvieron a partir de que el Semáforo Epidemiológico pasó a color naranja, porque en rojo no hubo actividad alguna, recordó Lazaga Yamín.
El problema radica en no ponerse de acuerdo para darnos los códigos de acceso, lo cual hace evidente, expuso, la falta de comunicación, armonización y coordinación entre los servidores públicos del área técnica con el personal de los tribunales.
Se ha dado el caso que dejan fuera a víctimas y abogados, pero luego les quieren fincar responsabilidades por errores del propio tribunal; situaciones delicadas que tenemos documentadas y ya hemos hecho del conocimiento del magistrado Sodi Cuéllar, dijo.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia se ha comprometido con nosotros a tomar medidas y las estamos esperando, pero sí nos urgen, sostuvo el presidente del Colegio de Abogados del Estado de México.
En otros temas ya se nos ha atendido, agregó y detalló la colocación de carpas para que abogados y clientela puedan esperar su turno para ser atendidos, pues antes estaban hasta una hora u hora y media fuera del juzgado esperando pasar a que se les haga justicia.
“Si, se nos ha atendido y lo reconocemos, pero en materia de justicia electrónica falta mucho, mucho por hacer”, aseveró y ejemplificó la exigencia de tramitar firma electrónica a personas vulnerables económicamente, que no cuenta ni con electricidad en sus domicilios, lo cual parece una incongruencia.
Resaltó la falta de concientización de los servidores públicos judiciales para entender las circunstancias particulares de cada persona, de cada región donde laboran y de la necesidad de la gente de tener una justicia pronta, expedita, eficaz y eficiente.
Estimó que entre los servidores públicos judiciales se ha creado una apatía y una diversidad de criterios para la cual los abogados no encuentran una justificación, concluyó Lazaga Yamín.