La exoneración de cualquier delito a través de la legítima defensa debe ser una determinación jurídica que se extienda a los policías, ya que actualmente las instituciones de procuración de justicia, todo lo judicializan y los uniformados desconfían al momento de actuar en cumplimiento de su deber, señaló el abogado y especialista en Derecho Penal, Erick Garay Bravo.
Luego de que durante los hechos violentos ocurridos en la comunidad de Texcapilla, en Texcaltitlán, donde los pobladores quedaron exentos de toda responsabilidad debido a que actuaron en legítima defensa, el especialista en derecho procesal y penal aseguró que esta figura jurídica debe de extenderse.
Si bien calificó que esta exoneración descansa en este término jurídico, tiene también más elementos políticos que lo justifican, pues de lo contrario sí hubieran ejercido acción penal, hubiera provocado la indignación de la opinión pública.
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En este sentido, comentó que este ejercicio válido debe extenderse, pues “si se hiciera un análisis para saber en cuántos casos la fiscalía en la investigación no ejercita una acción penal en contra de imputados por una defensa legitima, un estado de necesidad o un cumplimiento del deber, nos encontraramos con números escasos”, enfatizó.
Aseguró que la FGJEM prácticamente judicializa todo sin importar la figura jurídica antes señalada, es decir, opera con base en estadísticas y números.
“Lo sucedido en Texcapilla tiene más elementos políticos que jurídicos, la resolución a favor de los pobladores obedece más a intereses políticos y evitar no provocar la indignación de un pueblo, un estado y quizá de todo México”, subrayó Garay Bravo.
La legítima defensa, destacó el también catedrático de la UAEMex, podría hacerse extensiva al actuar de los elementos policíacos, pues también existen circunstancias excluyentes del delito y de toda responsabilidad penal, que es el mismo cumplimiento del deber.
De tal suerte que hay casos, dijo, donde los policías no actúan por la desconfianza que tienen en las autoridades de procuración de justicia, es decir, hay temor de accionar su arma de fuego y operar de acuerdo a las circunstancias.
“Los policías a veces no actúan porque se sienten perseguidos por un lado por los grupos criminales que no tienen piedad en disparar, pero por el otro de la misma fiscalía que los persigue pasando por alto las circunstancias excluyentes del delito por el cumplimiento del deber”, añadió el especialista en derecho.
Estos últimos hechos, declaró, deben generar un cambio en la forma de operar por parte de la fiscalía y otorgarle a los elementos policíacos una mayor confianza de actuar, ya que esa y otras figuras jurídicas le brindarán respaldo jurídico para accionar sus armas cuando lo determine el evento, no sólo en defensa de su integridad sino el respeto al deber.
“Es necesario brindarles esa seguridad jurídica en enfrentamientos con grupos armados que están consolidados y han operado por décadas, aunque no con tanta violencia como en la actualidad”, finalizó Erick Garay Bravo.
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