Para brindar certeza jurídica y orden en el control y registro del patrimonio de los entes públicos, en el Estado de México se busca reformar la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios y adecuar inmediatamente el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.
Su posible implementación será un trabajo coordinado entre el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) trabajará con las secretarías de la Contraloría y de Finanzas del gobierno mexiquense, así como a la Oficialía Mayor del Ejecutivo.
Ante personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo, Miroslava Carrillo Martínez, auditora superior del OSFEM, señaló que la actual normatividad ya no responde a la realidad para conocer el estado patrimonial del gobierno estatal y de los municipios, dado que data del año 2000, por lo que se corren riesgos al desconocer cuántos son sus bienes muebles e inmuebles e, incluso, quiénes los tienen asignados.
La auditora superior recordó que las personas titulares de las contralorías internas, secretarías y sindicaturas están obligadas a mantener una actualización del patrimonio municipal y, aunque algunas han hecho esfuerzos, es necesario redoblar esfuerzos en la materia para que se conozca el estado real que guarda.
Al respecto, Trinidad Franco Arpero, titular de la Oficialía Mayor del gobierno estatal, coincidió en la necesidad de garantizar y dar un fin adecuado a todos los bienes, sobre todo a los más de 13 mil inmuebles que tiene registrados el Poder Ejecutivo, a fin de que tengan una ruta clara y la certeza jurídica que se necesita.
En su intervención, Elisa Ábrego Pérez, directora de Normatividad y Control Patrimonial de Oficialía Mayor, sostuvo que el patrimonio estatal está controlado en un sistema desfasado en el que hay que trabajar tomando en cuenta que actualmente suman más de 10 mil 700 planteles educativos, mil 16 hospitales, 333 edificios públicos y mil 500 diversos; lo cual en total suman 13 mil 373 bienes inmuebles.
