Tras la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Social del Estado de México las críticas ciudadanas han apuntado hacia el tema financiero.

Esta Ley, aprobada el 25 de julio en el Congreso local, sustituye el sistema de pensiones basado en cuotas solidarias de los trabajadores para un fondo colectivo de retiro, por un mecanismo de cuentas individualizadas, donde cada empleado estatal o municipal es responsable del ahorro para su futura pensión, mediante administradoras de fondos para el retiro (Afores).

El principal argumento utilizado por el gobierno mexiquense y la mayoría legislativa del PRI, quienes fueron los artífices de esta nueva legislación, radica en la crisis financiera del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), quien al igual que otras intituciones similares enfrenta falta de liquidez por causas demográficas, es decir, las cuotas de los actuales cotizantes ya no garantizan el pago para los pensionados.

Sin embargo, previo a la votación de la nueva Ley distintos actores políticos y derechohabientes han externado dudas sobre qué tanto ha incidido el manejo financiero del ISSEMyM en la precariedad de hoy.

Por ejemplo, el diputado local del PRD, Arturo Piña, indicó que la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) tiene un adeudo de más de mil 300 millones de pesos con el ISSEMyM, de acuerdo con información obtenida vía la Ley de Transparencia.

A su vez maestros estatales han denunciado que distintos gobiernos municipales retienen las cuotas de este instituto a sus empleados, pero no las envían al ISSEMyM.

Ante la serie de dudas, ayer el Secretario de la Contraloría, Javier Vargas, informó que en este año han efectuado 44 auditorías a dicho instituto, cuyas observaciones se están solventado. Pero al preguntarle si todo está en orden contestó: “No he dicho que concluyo que está todo bien”. Con ese matiz no hay certeza que prospere. *