Entre septiembre de 2018 y agosto de este año, el gobierno de Alfredo del Mazo ha presentado 31 de las 506 iniciativas planteadas, es decir, el 6.12% del total. En el Congreso local, sólo le han aprobado 17 y los legisladores tienen pendientes de análisis otras 14.
La relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo mexiquenses ha sido de respeto, cautela, además se han tenido pocas propuestas por parte del gobernador. Así, el Congreso local ha sido el contrapeso que el gobierno estatal, siempre priista en el Estado de México, nunca antes había tenido.
Ahora la mayoría de las propuestas del gobierno son temas obligados de ajustes en municipios, convenios amistosos de límites territoriales, el paquete fiscal, la Cuenta Pública y solicitudes de autorización a municipios para adjudicar bienes.
Morena marca la agenda
En doce meses, Morena ha marcado agenda y ha dejado en segundo plano las propuestas del Ejecutivo que en las Legislaturas anteriores eran prioridad. Ahora, prácticamente no le han avalado nada, fuera de los temas obligados.
En las Legislaturas mexiquenses, históricamente dominadas por el PRI, los planteamientos del Ejecutivo eran prioridad y muchas veces salían en “fast track”.
El Congreso, dominado por Morena y sus aliados del PT, Encuentro Social y los legisladores sin partido, ha dado algunos reveses importantes al gobierno, entre ellos la abrogación de la llamada "Ley del ISSEMyM" y la eliminación de privilegios de los exgobernadores.
Además, han cumplido una de las propuestas que en otras Legislaturas se quedó en el aire: recuperar la facultad de calificar las Cuentas Públicas y dar al estado nuevamente la rectoría de las concesiones de autopistas. Su tema más polémico y cuestionado ha sido el del reemplacamiento, que generó molestia entre la población.
Morena ha obligado a realizar un mayor análisis de las propuestas que se presentan, un mayor trabajo de comisiones y ha impuesto el ritmo de sesionar dos veces a la semana en el pleno durante los periodos ordinarios.
Al interior de la Legislatura también impuso un sello de austeridad para no aumentar salarios; obligó al Ejecutivo y a algunos entes autónomos a disminuir sus percepciones para que nadie supere lo que gana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
En la Cámara de Diputados desapareció el Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC), a través del cual cada uno de los 75 diputados gestionaba ante la Secretaría de Finanzas hasta 2.5 millones de pesos en casi cualquier tipo de apoyos. Y presionó hasta lograr la salida del auditor superior, Fernando Baz Ferreira.
En su primer año de gobierno, el actual mandatario estatal estuvo acompañado por Legislatura dominada por el PRI, pero desde el año pasado hay un Congreso de oposición, donde el tricolor es una disminuida segunda fuerza política con apenas 12 de 75 legisladores.
Morena además ha hecho exhortos al gobierno y a los órganos autónomos, que en algunos casos han resultado incómodos y han derivado en reclamos de entes como la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).
Iniciativas
Entre las propuestas del Ejecutivo que se han avalado destacan las cuatro iniciativas del paquete fiscal de 2019, integrado por las Leyes de Ingresos estatal, la municipal, el Presupuesto y las reformas al Código Financiero y al Código Administrativo.
El resto son dos autorizaciones a municipios para desincorporar predios, nueve convenios amistosos entre municipios por límites territoriales y dos ternas para elegir regidores en los gobiernos municipales anteriores.
Los pendientes son los más importantes: tres iniciativas del Ejecutivo para construir dos centros penitenciarios: uno en Otumba y otro en Ixtapaluca, así como la rehabilitación de mil 637 kilómetros de caminos y carreteras del sur del Estado de México, mediante el esquema de Asociación Público Privada (APP).
Además, sigue en análisis la iniciativa de la reforma a la Ley de la UAEM, planteada por el Ejecutivo, las reformas en materia de seguridad para que opere la Guardia Nacional, y la reforma laboral para que las juntas de conciliación y toda la estructura de justicia laboral pasen a formar parte del Poder Judicial mexiquense.
También están pendientes una propuesta para modificar la denominación de la Secretaría de Cultura, a fin de incluir que también es del Deporte; otra para ajustar el servicio de la Defensoría a la protección obligatoria de los derechos humanos y una más para transformar la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia en una Universidad Judicial, como un organismo desconcentrado del Consejo de la Judicatura con autonomía técnica.
Las dos últimas propuestas que ingresaron y que están en comisiones fueron las solicitudes de endeudamiento para el gobierno estatal por mil 900 millones de pesos y para los municipios mexiquenses por distintos montos.
También sigue pendiente la solicitud para que el municipio de Tepetlixpa done un inmueble a la Universidad Intercultural.
