La LXI Legislatura del Estado de México buscará endurecer las penas por el delito de abuso sexual en contra de menores de edad, ya que en 2022 la entidad ocupó el primer peldaño a nivel nacional en este delito.
De acuerdo con lo expuesto por la diputada del PAN, Ingrid Krasopani Schemelensky, durante la reunión de trabajo de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, la entidad mexiquense registró 5 mil 486 casos de abuso sexual contra menores, lo que representó el 16 por ciento del total de casos registrados en México el año pasado.
Subrayó que se trata de un delito que ha crecido exponencialmente en los últimos años, pues en 2015 sólo se registraron 532 casos, lo que refleja la urgencia de incrementar las penas en contra de quien cometa este ilícito.
En su exposición de motivos, la legisladora abordó que en 2021 la violencia contra infantes fue cometida por familiares en un 51 por ciento de los casos y por personas conocidas o cercanas a las víctimas en un 14 por ciento.
En este contexto, la diputada proponente sostuvo que en el actual Código Penal estatal se consideran dos agravantes para este delito: la minoría de edad y la incapacidad para entender o resistir la agresión, por lo que es necesario considerar como agravante el que sea cometido por familiares; por personas que tengan la custodia, guarda, educación o aproveche la confianza de la niña, niño o adolescente.
Además de establecer la reparación de los daños y perjuicios considerando el grado de afectación de la víctima y el tipo de terapia que requiera.
Para el análisis de la propuesta las y los integrantes de la comisión referida acordó solicitar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que convoque a representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos estatal, con la finalidad de conocer su opinión y propuestas sobre el tema.
Otras propuestas
Por otro lado, Alicia Mercado, diputada de Morena, propuso tipificar como delito el robo de mobiliario urbano e imponer de dos a cuatro años de prisión contra quien sustraiga, se apodere, comercialice, detente o posea mobiliario urbano.
Para el caso de las alcantarillas o coladeras se propone aumentar esta pena hasta en una mitad, es decir hasta seis años, debido a que por su robo se generan condiciones para accidentes como ahogamientos en los sistemas de drenaje.
En su oportunidad el diputado Ariel Juárez, también de Morena, propuso sancionar con penas superiores a los 10 años de prisión a las personas encargadas de la seguridad pública que coadyuven en la usurpación de funciones y faciliten uniformes, insignias, vehículos oficiales, incluso armas, con objeto de amedrentar a la sociedad, esto con el fin de evitar abusos y extorsiones, entre otros, de los llamados izquierdos o madrinas.
Gerardo Ulloa, diputado morenista, propuso permitir la querella en el delito de abigeato o robo cuando sean cometidos entre familiares, pues existen desigualdades en el tratamiento de este delito con los de abuso de confianza, fraude, despojo y daño en los bienes, y es una anomalía que se debe corregir.
