Toluca, México.- La polémica Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el estado de México, aprobada en marzo del 2016, no ha entrado en vigor porque está a la espera de que el congreso local realice las reformas ordenadas por la Suprema Corte de Justicia, en torno a la definición de tortura, de desaparición forzada, el uso de la fuerza letal, entre otras.

El secretario de Justicia y Derechos Humanos Rodrigo Espeleta explicó que esa norma aún no se aplica porque la Suprema Corte ordenó realizar cambios que le corresponden a la Legislatura mexiquense y consideró que se requiere un equilibrio para hacer uso de la fuerza y garantizar el respeto a los derechos humanos.

La norma fue revisada por la Suprema Corte de Justicia a petición de diputados, del anterior Ejecutivo y de las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos, y en su sentencia, los ministros establecieron un artículo transitorio donde se precisa que si no se modifican algunos artículos, esa norma no puede aplicar.

“Es la Legislatura la que en todo caso tendría que hacer las modificaciones para que pudiera entrar en vigor la ley, hay un artículo transitorio que condiciona su vigencia o su entrada en vigor a que se hagan esos cambios; si la legislatura no hace esos cambios la ley no entra en vigor".

“Sin duda se tienen que hacer los cambios que establece la acción de inconstitucionalidad, son obligatorios porque lo que hizo la Corte fue expulsar del orden jurídico algunas partes de la ley, por ejemplo: la definición de tortura, la definición de desaparición forzada porque ya tenemos dos leyes generales que son las que pueden regular y un tema adicional es que el uso de la fuerza letal sea la última posibilidad”.

El Ejecutivo está a la espera de la decisión de la Cámara local, pero el funcionario opinó que existe la necesidad de revisar el uso de la fuerza para garantizar el respeto a los derechos humanos, pero también la seguridad de las personas.

“Se tiene que encontrar un equilibrio adecuado para que se pueda hacer uso de la fuerza garantizando siempre el respeto a los derechos humanos; entonces creo que si la ley amerita una revisión mayor o más allá de las inconstitucionalidades que ubicó la Corte nosotros no tendríamos ningún inconveniente en que se haga esa revisión”.

En la anterior Legislatura local Morena propuso abrogar esa ley y en la actual ese grupo parlamentario y otras bancadas se han pronunciado por hacer una revisión para determinar si se impulsa una nueva norma.