A no desistir y continuar la lucha, llamó Fabiola Vite, coordinadora general de Derechos Humanos (CCH) "Zeferino Ladrillero", al informar que a través de la Ley de Amnistía han podido salir de las cárceles del Estado de México poco más de 3 mil personas que se encontraban presas.
Durante la realización del Foro del colectivo Haz Valer mi Libertad, con motivo de su cuarto aniversario el pasado 2 de marzo, la especialista en Derechos Humanos pidió no rendirse ante las injusticias que, dice, viven miles de personas privadas injustamente de su libertad, así como sus familiares.
“La preocupante situación de las personas privadas injustamente de su libertad es similar a una puerta giratoria, porque sacamos a diez, pero ingresan 20 a los centros penitenciarios. En este momento, no tenemos un número preciso de los ciudadanos que se encuentren en esta condición, porque necesitaríamos actualizar las cifras”, señaló.
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En las instalaciones de la Biblioteca del Poder Legislativo, y ante el diputado local de Morena, Max Agustín Correa Hernández, así como Leticia Hernández y Rómulo Arias Mireles, quienes fueron presos políticos, Fabiola Vite se pronunció a favor de que las personas injustamente presas también sean beneficiarias de la Ley de Amnistía o, bien, de algún mecanismo jurídico que pudiese llevarlas a obtener su libertad.
Cabe señalar que la amnistía es el instrumento mediante el cual se concede el perdón por la realización de actos delictivos a aquellas personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, que tiene como efecto la extinción de las acciones penales y sanciones impuestas.
Mencionó que el plantón que mantiene el colectivo de Haz Valer mi Libertad, desde hace varias semanas frente a la sede del Poder Ejecutivo, se encuentra conformado por 20 personas que están esperando que sus familiares salgan de los Centros Penitenciarios de la entidad.
“Los familiares del colectivo se encuentran presos en las cárceles de la entidad por delitos de alto impacto, principalmente homicidio, el cual no se encuentra contemplado dentro del catálogo de la amnistía”, enfatizó.
Por su parte, Leticia Hernández y Rómulo Arias, hablaron sobre lo difícil que resultó para ellos y sus familias que se encontraran injustamente presos por situaciones políticas “y el mal gobierno estatal anterior”, agregó.
En el caso de Leticia Hernández, si bien salió de la cárcel acusada falsamente de robo con violencia, no ocurrió lo mismo con su compañero Tomás Martínez, un activista indígena defensor del agua y de la tierra de la comunidad originaria de Llano Grande Azcapotzaltongo, municipio de Nicolás Romero, quien fue condenado por la Fiscalía mexiquense como presunto responsable de homicidio de un policía de investigación.
El cargo que se le imputa a Tomás Martínez es grave, no obstante, no sólo su comunidad está refrendando su inocencia sino que también especialistas jurídicos y defensores de derechos humanos, están denunciando abiertamente el cúmulo de evidencias que demuestran su inocencia.
En tanto que Rómulo Arias también narró que fue un preso político, porque fue privado de su libertad y torturado, ya que, señaló, defendió al igual que otros de sus compañeros el agua para Tlanixco, en el municipio de Tenango del Valle, con el propósito de que no se le diera un uso comercial.
En su momento, fue acusado del homicidio del empresario floricultor Alejandro Isaak Basso, con quien la comunidad mantenía una disputa por el agua del río Texcaltenco.
Finalmente, Arias Mireles había sido integrante del Comité de Agua de Tlanixco y uno de los líderes del movimiento para evitar que los empresarios del municipio vecino, Villa Guerrero, se quedaran con las concesiones del río para sus negocios de flores.
