Con dos votos en contra y una abstención del PRI, el pleno de la Legislatura mexiquense exhortó al Poder Judicial del Estado de México, al Instituto Electoral estatal y al Tribunal Electoral de la entidad se conduzcan con austeridad y rectitud de gasto para el ejercicio 2024.
A propuesta de Morena, el punto de acuerdo fue avalado por la mayoría de las y los legisladores locales con un llamado al Poder Judicial y a los órganos electorales para que, reconsideren sus posturas en el manejo de los recursos públicos, teniendo como máxima que “el dispendio del gobierno ofende al pueblo”.
La diputada local Rosa María Zetina González También citó varios privilegios del Tribunal Superior de Justicia: más de mil 200 millones de pesos por remuneraciones adicionales y especiales, 150 millones por otras prestaciones sociales y económicas y cinco millones en alimentos.
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También precisó que tienen 15 millones en reparación y mantenimiento de materiales de construcción, 32 millones de pesos en el gasto de combustible; mientras en vestuario, blancos y artículos deportivos gastan ocho millones de pesos, en viáticos más de 38 millones de pesos, en servicios oficiales más de 15 millones pesos; en pensiones y jubilaciones más de 44 millones de pesos y más de 190 millones en mobiliario nuevo.
Piden cambiar
La Legisladora señaló que en el grupo parlamentario de Morena tienen como vocación el servicio público, mandar obedeciendo, acabar con la corrupción y la dispendia de los recursos públicos, de salarios excesivos y el derroche de la alta burocracia; por lo cual exhortaron a reconsiderar una transformación que sirva para erradicar la consigna hacia ese poder.
“Pues lo rodea la cifra popular de que quienes son juzgados son los pobres, los desamparados, los más vulnerables, ayúdenos a mejorar las políticas públicas desde su trinchera, pues en un estado con 49% de población viviendo con al menos un rasgo de pobreza suele mirarse al Poder Judicial encargado de impartir justicia como el primer injusto de este pueblo mexiquense.
“Es inconcebible que en los últimos seis años el Estado de México sea la única entidad, sólo después de Tlaxcala, en no sólo no disminuir la desigualdad; sino en acrecentarla”.
Advirtió que el Poder Judicial del Estado de México es el segundo con más presupuesto del país, lo cual no implicaría cuestionamientos si los recursos asignados fueran para fortalecer la administración e impartición de justicia y consideró que esa institución debe reconsiderar la remuneración inconstitucional que perciben sus altos funcionarios, pues son los mejor pagados de la entidad mexiquense.
Mostró datos del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023, donde se precisa que un 40% de las personas recluidas no cuentan con una sentencia y de esa población privada de la libertad casi el 30% ha estado esperando por más de dos años una sentencia.
