Ante el complicado panorama económico que enfrentan muchas empresas, por la emergencia sanitaria, es necesario que analicen qué van a hacer con los adeudos y establecer un plan de rescate, con la posibilidad de renegociar adeudos con proveedores y clientes.

Durante la conferencia "Instrumentos legales para el rescate de las empresas" impartida por Rubén Magaña, de la COPARMEX, advirtió que ante la pandemia generada por el Covid-19 muchas empresas tienen ventas bajas, o incluso cero ingresos y los gastos de nómina, arrendamiento, entre otros, estresan a las estructuras; por lo cual hay incertidumbre en torno a si van a sobrevivir al mercado.

Por ello planteó que el primer paso es una evaluación financiera interna para calendarizar los compromisos, las deudas, un listado de acreedores: cuáles son los indispensables para la operación, los pasivos, evaluar el flujo de efectivo para los próximos meses, a fin de establecer un plan de rescate y buscar la herramienta jurídica que les pueda ayudar.

La evaluación financiera interna, explicó, permitirá que puedan tomar decisiones, categorizar pagos, las operaciones vencidas, establecer los acreedores indispensables, los vencidos, cuáles pagos se pueden diferir, o disminuir; así como si es necesario buscar un crédito, las garantías de pago, la necesidad de renegociar, o cuáles son los escenarios y las acciones que pueden realizar.

Magaña precisó que las empresas deben pagar las utilidades, como lo establece la ley, pero también tienen la posibilidad de solicitar al Sistema de Administración Tributaria una reducción del coeficiente de utilidad, acreditando que es menor al del año pasado, a fin de estar al corriente con sus obligaciones, pues desde marzo la realidad que viven las empresas es otra, y si la autoridad se negara, hay medios de defensa que pueden hacer valer.

La posibilidad de solicitar la reducción del coeficiente de utilidad, porque las empresas no tienen utilidades, sino pérdidas, permitiría tener beneficios como no caer en incumplimientos, tener ahorros y buscar la posibilidad de hacer pagos en parcialidades hasta por 36 meses, o diferidos hasta por 12 meses en las contribuciones federales; mientras otros adeudos también podrían ser renegociados con proveedores y clientes.

Enfatizó que siempre existe la posibilidad de renegociar, por lo cual es necesario evaluar el costo beneficio y concientizar a los proveedores, que la situación ha cambiado porque la emergencia sanitaria modificó los escenarios, por lo cual pueden priorizar y determinar un plan de negociación para presentar propuestas.

La propia Ley Federal del Trabajo establece la posibilidad de renegociar las condiciones de trabajo, e incluso con los clientes y proveedores comerciales reestructurar los créditos bancarios, negociar créditos contingentes, a fin de buscar plazos más amplios y tasas de interés más bajas, pero alertó que no usar herramientas puede derivar en alguna controversia, incluso penal, el incremento de costos, actos de embargo y hasta la inmovilización de cuentas además de afectar el historial crediticio de la empresa.

También explicó que si no pudieran renegociar existe la opción del concurso mercantil voluntario o forzoso que tiene como finalidad el rescate para que la empresa siga operando, pues eso implica que siga generando empleo, prosperidad, pagos como contribuyente, aunque reconoció que son pocos los recursos de ese tipo que se promueven.