Toluca, México.- La Legislatura mexiquense exhortó a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) para que a la brevedad implemente un protocolo de actuación encaminado a prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual por parte del personal académico y administrativo en contra de las y los alumnos de esta casa de estudios.
Los diputados de Morena, Guadalupe Mariana Uribe Bernal y Benigno Martínez García, reprocharon que aun cuando el acoso escolar ya está tipificado, no ha sido insuficiente, pues esas prácticas se siguen cometiendo y la universidad no hace nada al respecto.
Uribe refirió el caso de una alumna, quien fue víctima de acoso por parte de un maestro, y aun cuando lo denunció a las autoridades universitarias y a la Fiscalía General de Justicia, no actuaron en contra del agresor. La desatención de las autoridades, dijo, deriva en parte de la falta de un protocolo.
También advirtió que el problema no es aislado, pero sí cada vez más recurrente.
“Este tipo de protocolos de actuación promueven la prevención de dichas conductas y ponen en práctica procedimientos únicos de atención y registro de casos, también mediante la sensibilización contribuyen a cambiar los ambientes de trabajo y escolares en las instituciones públicas y privadas.
“Lamentablemente, este no es un caso aislado, el acoso y hostigamiento sexual se ha convertido en un problema cada vez más recurrente en las universidades de nuestro país sin importar que sean públicas o privadas”, indicó.
La falta de mecanismos para asesorar, orientar y dar seguimiento a casos de hostigamiento y acoso sexual, advirtió, contribuye al incremento de estas prácticas, pues la mayoría de los afectados teme denunciar porque la situación podría empeorar si se quejan del comportamiento de algún docente.
La Universidad Autónoma del Estado de México en su artículo 30, fracción XIX, de su Estatuto Universitario establece la obligación del personal académico para observar una conducta decorosa en la institución y en las encomiendas externas.
Unánime
El exhorto fue aprobado por todas las fracciones legislativas, con el fin de revertir agresiones a las y los universitarios.