Este viernes Alejandra, sentenciada a más de 40 años de prisión, quedó en libertad por el beneficio de amnistía, a propuesta de la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) y por recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
Ella logró ese beneficio a través de la figura de mujer violentada, una jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana para mujeres víctimas de vulnerabilidad y discriminación, tras pasar casi siete años de permanecer en prisión.
El activista Humbertus Pérez Espinoza refirió que la mujer era víctima de violencia por parte de su ex esposo, quien, de acuerdo con sus señalamientos, la agredía, la humillaba, la golpeaba y la violentaba física, sexual y psicológicamente.
De acuerdo con la solicitud de amnistía, el 31 de mayo del 2015, el agresor José Ángel "N" llegó con un cuchillo, amenazó que la iba a matar y la quería forzar a tener relaciones, por lo cual, para defenderse ella sacó del buró una pistola vieja que no funcionaba, se la aventó, pero el arma se accionó y salió un disparo que privó de la vida a José Ángel "N".
Ella misma acudió a informar de los hechos al Ministerio Público y a narrar cómo habían ocurrido, derivado de las constantes agresiones de violencia intrafamiliar que sufría y refirió que aún cuando había solicitado el auxilio del Ministerio público por teléfono éste no acudió a su domicilio.
Alejandra denunció que las agresiones fueron constantes, durante los 14 años que estuvieron casados y su entonces esposo tenía diversas armas de fuego que fueron encontradas por la policía al llegar al lugar de los hechos.
También denunció que su agresor maltrataba a sus hijos, quienes se ocultaban para evitar ser lastimados
La solicitud de amnistía precisa que el Ministerio público violó los derechos de Alejandra, pues ella después de que se accionó el arma, al ver que no llegaba la ambulancia habló a esa autoridad y a las patrullas, las cuales llegaron entre 1:30 y 2:00 de la mañana.
Sin embargo, Pérez Espinoza refirió que no preservaron el lugar de los hechos, pues no había nadie en la casa, ya que Alejandra acudió a la agencia del Ministerio público a denunciar, y ahí, ya no la dejaron salir.
También explicó que el Ministerio Público no ordenó de manera inmediata que policías y peritos iniciarán las investigaciones, con lo cual violó el acuerdo 07/ 2013 del protocolo de homicidio.
Ese protocolo ordena que una vez que el Ministerio público recibe la noticia criminal ordenará inmediatamente al Instituto de Servicios Periciales la designación de peritos que se trasladen al lugar de los hechos para el esclarecimiento.
Humbertus Pérez señaló que no se respetaron los derechos humanos de Alejandra, pues no hubo investigación inicial y complementaria y se dictó una sentencia en su contra que no tomó en cuenta el control concentrado de convencionalidad, ni jurisprudencias de la Corte Interamericana Derechos Humanos, por lo cual solicitaron la amnistía qué les fue concedida por la autoridad judicial.
Alejandra fue puesta en libertad la tarde de este viernes.