Toluca, México.- Al señalar que los taxis en el estado de México deben contar con GPS, botones de pánico y cámaras de seguridad, el regidor de Toluca, Gabriel Medina Peralta advirtió que el tema no puede ser moneda de cambio para cuestiones político electorales; ni permitir amagues de posibles castigos, o costos políticos.

Además, es necesario que el gobierno cumpla con la Ley de Movilidad y cuente con el registro estatal de movilidad, donde se tenga el listado claro del número de concesiones y unidades que existen en el estado de México, pero también no imponer ninguna empresa para que las unidades adquieran esas herramientas.

De hecho, dijo, lo ideal es que la empresa se contrate a través de una licitación pública, con la participación del observatorio de movilidad para evitar conflictos de interés; por lo cual recomendó que platiquen el tema y las partes lleguen a un acuerdo, pero sin ceder a presiones por temas políticos o electorales.

“Ese tema de la gaceta es necesario, se ponen condiciones para que el sector de los taxis se regularice, es irregular, de los taxis piratas sobre todo, les molesta que les piden GPS en las unidades y la inconformidad es que dicen que el gobierno impone a la empresa que les dote de esos instrumentos que darían mayor certeza para viajar seguros.

“Los taxistas no deben resistirse a darle un buen servicio a la gente, tendrían que valorar qué condiciones les permitirían operar bien para que tengan más trabajo y cómo ayudamos al usuario a que viajen seguros porque hoy no la hay y lo más importante es cómo viajan. Falta conciliar más el gobierno del estado pero ser contundente: si lo van a hacer que lo hagan bien, de la forma correcta que no cedan ante la presión de un gremio de taxis que tiene derechos y obligaciones”.

Medina admitió que el tema es económico, pues en su momento también hubo resistencia con el tema de los taxímetros y “doblaron” a las autoridades porque fueron retirados, pero lo ideal es que se organicen para regularizar sus bases, ofrecer un buen servicio, a fin de ayudar al trabajador pero que ellos también ayuden a la comunidad.

La obligación de colocar GPS, advirtió, no debe ser utilizado como amague para castigar al partido en el poder en las elecciones, ni por las autoridades para presionar, pero tampoco imponer una sola empresa.

Su propuesta, dijo, es que el observatorio de movilidad intervenga en ese tema, que se haga a través de una licitación pública, de manera transparente, pero también tener el número real de taxis, a través del registro estatal de movilidad. “Pero que no se haga de bote pronto porque se puede prestar a presiones político electorales, nada es causal”.