Tras haber sido sentenciada a 50 años de prisión por el delito de secuestro, Guadalupe González dio a conocer que ya presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Anticorrupción por el delito de tráfico de influencias, ya que en su caso hay elementos para suponer que es víctima de violencia vicaria y fabricación de carpetas.
Aseguró que desde 2021 ha enfrentado cargos por abuso sexual en contra de su hijo y por feminicidio en grado tentativa, de los que fue absuelta por falta de pruebas; sin embargo, la semana pasada fue condenada a medio siglo tras las rejas por secuestro y le queda pendiente una carpeta más por este mismo delito.
'Cuando le dije al padre de mis hijos que quería la pensión, en 2021, me dijo que primero iba a estar en la cárcel antes de que él me diera un solo peso'.
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Asimismo, Lupita, como le llaman sus familiares y vecinos, denunció que el Juez de Control del Distrito Judicial Toluca no tomó en cuenta las pruebas que aportó para demostrar su inocencia; incluso fue desechado el testimonio de su hija ya que fue clasificado como “aleccionado”, no obstante, los dichos de la parte acusatoria fueron priorizados pese a que carecían de evidencias.
'La víctima dijo que estuvo hospitalizada en el hospital 220 del IMSS, que fue víctima de abuso sexual durante el secuestro, pero no hay expedientes de ella en el hospital y los peritajes no demostraron el ataque sexual'.
Al respecto, Erick Rosas, integrante del Equipo Multidisciplinario contra la Violencia Vicaria, lamentó que las pruebas expuestas por la defensa de Lupita reafirman la teoría de que es víctima de violencia institucional.
'Es un claro ejemplo de violencia vicaria. Nos llama la atención cómo están haciendo uso del Estado y de las autoridades para generar este tipo de violencia, luego de que la señora pidiera un derecho fundamental para sus hijos, el tema de la pensión, y todo el procedimiento civil que ello implica', indicó Rosas.
Asimismo, destacó que el análisis del caso les permite concluir que hubo faltas al debido proceso.
Irregularidades en las investigaciones
Una de las principales críticas se centra en el rol de las autoridades en las investigaciones. De acuerdo con Rosas y el equipo defensor de Guadalupe, existe un patrón en la forma en que las carpetas de investigación fueron abiertas y llevadas a cabo.
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'Han utilizado al mismo agente del Ministerio Público, Raúl Amauri Velázquez Jaimes, quien ha recabado e iniciado las investigaciones, apoyado de la coordinadora de Justicia para las Mujeres, María de la Luz Quiroz. Están usando las autoridades para generar esta violencia, y es importante que se haga público', añadió Rosas.
Un proceso marcado por las denuncias y la falta de pruebas
La historia de Guadalupe se remonta a 2017, cuando decidió separarse de su pareja tras descubrir que le era infiel y sufrir violencia física y emocional.
En 2021, luego de iniciar un proceso para solicitar la pensión alimentaria y la custodia de sus hijos, comenzaron a llegar denuncias en su contra. Primero fue acusada de abuso sexual hacia su propio hijo y feminicidio en grado de tentativa. Tras pasar más de un año y medio en prisión preventiva en el penal de Santiaguito, ambos cargos fueron desechados por falta de evidencia; sin embargo, las acusaciones por secuestro continuaron en su contra.
La Fiscalía argumenta que ella secuestró a la víctima durante el trayecto de su trabajo a su casa, aunque no existen testigos ni pruebas contundentes que respalden esta versión.
Guadalupe, por su parte, ha mantenido que las acusaciones son infundadas y que su única intención ha sido garantizar el bienestar de sus hijos.
No hay sentencia firme; apelarán
La condena de Guadalupe ha provocado un llamado a las autoridades para que se revisen los procedimientos en su contra y se esclarezcan las posibles irregularidades que señalan sus familiares y defensores. Mientras tanto, la madre de dos hijos continúa su lucha por la libertad, por lo que busca hacer frente a un sistema judicial que, según los expertos en violencia vicaria, podría estar siendo utilizado para castigar su decisión de pedir justicia y apoyo para sus hijos.
Por ello, decidió apelar la sentencia y solicitar un recurso de revisión federal, por lo que está a la espera de que las autoridades le permitan recuperar su vida.
Cabe destacar que el proceso civil por la pensión de sus hijos está detenido porque el padre se amparó después de que se le ordenara pagar la manutención así como las mensualidades caídas.
