Lerma, México.- Magdalena lleva en su memoria cada detalle de su encarcelamiento ocurrido en 2006 por los hechos de San Salvador Atenco. Año en que conoció la injusticia de los jueces, asegura.
La mujer mazahua fue una de las 207 personas detenidas y encarceladas aquel año por ataque a las vías de comunicación y agredir policías.
En su expediente de la carpeta de investigación que se le inició, se le acusó de secuestrar a cinco policías y obstruir las vías de comunicación, reveló Magdalena.
Aunque sabe que nunca se le comprobó nada. "Yo creo que fui como una mariposita que volé rápido para poder hacer todo eso, pero como indígenas no hacemos esas cosas", reflexionó Magdalena, 11 años después de lo ocurrido.
Este jueves 23 de noviembre, la líder indígena visitó la comunidad de San Lorenzo Huitzitzilapan, Lerma, acompañando a la aspirante a la candidatura para Presidencia de la República, María de Jesús Patricio Martínez "Mary Chuy", para juntar firmas. Ahí fue una de las oradoras y recordó su historia.
"Al llegar ahí (a la prisión) tuve tanto miedo, pero también dije que yo no hice nada, yo voy a salir", recordó la mazahua.
Aquel entonces, Magdalena fue llevada hasta el penal estatal de Santiaguito y después a otro penal para mujeres del estado.
Tras los hechos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tomó su caso junto con el de otro grupo de mujeres, quienes fueron violadas y torturadas por elementos policiacos y castrenses el día de la detención.
"Ahí me quedó bien claro que la justicia no la hacen los jueces, no son autónomos y sólo sirven", acusó la líder indígena.
"Si no vendes tu dignidad puedes tardar (encarcelada) el tiempo que sea, pero después sales diciendo que no fui culpable, fui encarcelada porque defiendo los derechos de los pueblos indígenas".
Magdalena habla fuerte y claro, tanto en su lengua como en castellano, los foros que pisa en el país junto con la aspirante a la candidatura son lugares de expresión que siempre aprovecha.
La mujer habla con dificultad el castellano, sin estudios más que la educación básica, pese a ello conoce las leyes y los sinsabores de la injusticia.
En su rostro se miran las arrugas que se le formaron en prisión, incluso mira con desconfianza a la prensa que se acerca a ella para solicitar entrevistas.
Actualmente Magdalena radica en la Ciudad de México, donde continúa su labor de defender los derechos indígenas. Allá encabeza un movimiento con grupos de artesanos y comerciantes indígenas, para pelear por espacios de venta.
Los hechos de San Salvador Atenco quedaron registrados en diversos medios de comunicación. Se consideró la represión más agria que ha hecho el Estado en los años recientes.
Fue un uso de fuerza en el que participaron la Policía Federal Preventiva de México, la entonces Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México y la policía municipal e incluso el Ejército.
Los militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y otros adherentes a La Otra Campaña del EZLN, actuaron tras el fallecimiento de Alexis Benhumea y Javier Cortés.
Según los registros hubo 207 personas detenidas, entre ellas 10 menores de edad.
La agresión en contra de los pueblos documenta quejas contra elementos policiacos por presuntas vejaciones y violaciones sexuales a 26 mujeres.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en los hechos hubo violaciones graves a los derechos humanos, así como un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que servidores públicos de la Agencia de Seguridad Estatal y el Gobierno del Estado de México cometieron "violaciones graves de garantías individuales" en contra de pobladores de donde ocurrieron los hechos, activistas y periodistas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó la petición inicial hecha en 2008 por 11 mujeres víctimas de distintas conductas criminales en los hechos, representadas por el Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Luego de procesos jurídicos, la CIDH emitió el Informe número 74.15 del caso 12.846, en la cual dicho organismo determinó que el gobierno de México en distintos niveles fue responsable de detenciones ilegales y arbitrarias, torturas físicas, psicológicas y sexuales, carencia de acceso a la justicia y otras violaciones a derechos humanos de las víctimas y emitió una serie de recomendaciones al mismo.
Pero fueron desatendidas, por lo que el caso fue trasladado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En una audiencia pública realizada por este tribunal internacional en 2017 a las 11 mujeres víctimas peticionarias, la CIDH destacó que dada la severidad de la violencia a las víctimas por las policías mexicanas, el caso es "emblemático por la tortura y discriminación por razones de género".
Este sábado 25 de noviembre, miles de mueres marcharon en el país para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Magdalena y el resto de las mujeres indígenas que se le unen, también lo hacen a diario.
