Hugo Martínez Ugarte recuerda cuando un militar le apuntó a su padre.
Es un joven cuya adolescencia también la ocupó para trabajar de manera voluntaria en los hornos de microondas del penal estatal de Almoloya de Juárez. Hoy continúa visitando oficinas del Poder Judicial mientras mantiene la ilusión de ya no volver a una cárcel.
Hugo es hijo de Alberto Martínez Sosa, quien el primero de noviembre de 2007 fue detenido en un retén del Ejército Mexicano, instalado en la carretera que va de Luvianos a Tejupilco. Su padre había sido vinculado con los hechos registrados el 6 de octubre de ese año, cuando un comando armado privó de la libertad a dos militares en el municipio de Luvianos, quienes tras ser liberados lo habrían incriminado.
En febrero de 2009, Martínez Sosa fue sentenciado por el delito de privación ilegal de la libertad. Después de 12 años de su detención, desde el penal estatal de Almoloya de Juárez, insiste en su inocencia, mientras su familia continúa presentando distintos recursos jurídicos para obtener su libertad.
Aquel primero de noviembre de 2007 Hugo tenía 12 años. Viajaba en la camioneta Sonora que conducía su padre en la carretera que conduce a Tejupilco. También iba su mamá, dos hermanas, un hermano y dos primas. Todos fueron el objetivo del operativo militar que los trasladó al Ministerio Público federal localizado en dicho municipio.
“El militar le iba apuntando a mi papá, iba en lugar del copiloto y llevaba el rifle prácticamente apuntándole hacia la cabeza de mi papá, íbamos en medio del convoy de militares, unos iban adelante y otros atrás”, señala Hugo, “en ese entonces yo era el más alarmado, el más vivo de lo que estaba ocurriendo”, recuerda.
Tiene fresca la imagen de su padre tratando de tranquilizarlos, pues en el bolsillo tenía una suspensión provisional, derivada de un amparo indirecto para no ser detenido por los hechos que denunciaron los dos militares, delito que fue asentado en la averiguación previa.
Sin embargo, los soldados que lo detuvieron en el citado retén declararon ante el Ministerio Público haber encontrado un envoltorio con polvo blanco en la ropa de Martínez Sosa.
Tras llegar a Tejupilco, su padre se despidió de ellos, mientras recibían la orden de bajar todas sus pertenencias de la camioneta Sonora. Martínez Sosa fue conducido a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y ellos comenzaban una vida alegando su inocencia.
Para Hugo, quien es el hermano mayor, comenzaron los viajes a la Ciudad de México para visitar a su padre en la referida subprocuraduría.
Parte de la acusación contra Martínez Sosa parte de un hecho: los dos militares privados de su libertad fueron llevados a un rancho propiedad del ahora sentenciado, de lo cual se deslinda la familia del vecino sureño.
Hugo tiene ahora 24 años. Admite que ha crecido con la ilusión de lograr la libertad para su padre. Ya es ingeniero industrial, está casado y tiene una hija. Actualmente está buscando empleo.
Cuando a su padre lo detuvieron tenía 33 años, ahora suma 45. Su hija menor tiene 12 años, los mismos que ha estado en prisión Martínez Sosa. Otra hermana de Hugo tiene 22 y su hermano 17.
En estos años, su percepción de la justicia mexicana se ha tornado oscura.
“Realmente es una basura”, expresa Hugo, “ahorita le tocó a mi papá, cuántas personas no estarán así”.
Pero la cárcel no la ha impedido acompañar a su padre, quien durante un tiempo se hizo cargo de los hornos de microondas en el penal estatal de Almoloya de Juárez. Los domingos, en los días de visita, lo ayudaba a atender ese sitio, donde las visitas de los internos calentaban su comida.
“Disfrutaba estar ahí”, dice al recordar aquel tiempo cuando tenía 15 años. Actualmente ya fueron retirados esos hornos, pero Hugo sabe de muchas historias de la cárcel.
Al igual que su familia conoce de los horarios, de la fatiga esperando en el sol para entrar al penal, de las restricciones, como cuando las autoridades penitenciarias impedían que la carne de pollo llevara huesos, o de cuando platicó en inglés con unos chinos que visitaban a un familiar detenido.
También guarda una amarga memoria, de cuando en una celda cercana a la de su padre, varios custodios encapuchados golpearon a un interno, además de aplicarle toques eléctricos en el cuerpo. O de cuando a Martínez Sosa lo trasladaron al penal de Chiconautla, con el argumento de garantizarle mayor seguridad.
“Ahí las ratas usted las ve correr entre la gente, hay mucho ratero, drogándose. En la visita nos sentábamos en cuatro botes y un bote era la mesa”, indica. La primera noche de su padre en ese lugar la pasó en una celda con más de 20 personas. “No durmió, se quedó parado”, señala Hugo.
Él y su familia también saben del miedo. Temor que en los primeros años los hacía estar al pendiente de las ventanas de su vivienda. Un día prefirieron abandonar su casa al observar a una camioneta militar.
A la fecha se mantienen a la espera de obtener beneficios de preliberación para su padre, contabiliza 12 años detenido y su sentencia fue por 20 años. También han acudido a la Secretaría de Gobernación, pues mantienen alguna esperanza con el cambio en el gobierno federal.
“Los años valiosos de mí ya se le fueron a mi padre, donde ocupé un consejo me lo tuvo que dar a través de un telefóno o esperar a los fines de semana”.
“Pero ahora está en juego mis hermanos menores que ocupan un consejo, que ocupan un papá”, señala Hugo, quien también ha sido la figura paterna para sus hermanos.
