El Estado de México debe prepararse para la posible puesta en marcha de una Ley General de Amnistía, que podría ser impulsada desde el Congreso Federal, pues de esta manera podría despresurizar en gran medida los 22 centros penitenciarios con los que cuenta y que tienen una sobrepoblación mayor al 100%, informó el director general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, José Antonio Lara Duque.

Destacó que si bien la federación trabaja sobre la Ley de Amnistía, existe la posibilidad de que sea una ley de carácter general, misma que aplica obligatoriamente no sólo en el ámbito federal, sino en todas las entidades, tras la aprobación de sus congresos.

Sin embargo también existe la posibilidad de que gobierno federal sólo haga un llamado a los Congresos locales a que armonicen la Ley de Amnistía federal, para que la adecúen a sus códigos penales locales.

Lara Duque destacó que, de acuerdo con la actual propuesta de amnistía, sólo podrían beneficiarse de esta ley quienes hayan cometido delitos menores, personas que sean primodelincuentes excluyendo los que cometieron delitos de alto impacto como lo son el homicidio y el secuestro, además de las mujeres que estén presas a consecuencia de un aborto.

“Nosotros creemos que es más viable que la Ley de Amnistía sea general, estado por estado, hoy por hoy son necesarias para reconstruir el tejido social”, destacó.

Sobrepoblación penitenciaria

De acuerdo con datos proporcionados en meses pasados por la secretaria de Seguridad de la entidad mexiquense, Maribel Cervantes Guerrero, al inicio de la actual administración pública estatal había en reclusión alrededor de 24 mil internos, y se estimaba que para el cierre de este 2019 la cifra alcanzará los 30 mil internos.

Esta cifra coincide con el “Informe sobre Prisiones en el Mundo” del Instituto de Investigación en Política Criminal y la Universidad de Londres publicado en diciembre de 2018, que destaca al Estado de México con la mayor población penitenciaria de América Latina, con 29 internos hasta esa fecha.

Uno de los métodos utilizados para contribuir la despresurización de los 22 centros penitenciarios de la entidad, es el brazalete electrónico, el cual sólo es entregado en casos específicos, tales como que el aspirante sea primodelincuente y que no haya sido acusado de un delito de alto impacto, entre otros.

De acuerdo con cifras del Poder Judicial del Estado de México, de enero de 2017 al 30 de septiembre de este año se otorgaron mil 919 brazaletes electrónicos, de los cuales 750 correspondían al periodo de enero al 30 de septiembre de este año.

La unidad de comunicación social destacó que estos brazaletes son reutilizables, es decir, una vez que uno de los beneficiarios cumplió su sentencia en libertad, el brazalete le es asignado a otra persona.

Con la aplicación de la Ley de Amnistía, se podría despresurizar los penales con mayor efectividad, sin interferir con el sistema de los brazaletes electrónicos, informó José Antonio Lara Duque.

“La Ley de Amnistía fundamentalmente estaría aplicándose para personas sentenciadas, yo abono el elemento de prisión preventiva como otro punto que hoy por hoy tiene saturadas las prisiones. Si además de esta ley se reduce el uso indiscriminado de la prisión preventiva, prácticamente estás llevando al mínimo la necesidad de mantener a personas privadas de su libertad”, destacó el director general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.