El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio requiere un amplio y profundo análisis sobre la manera en que fue construido, su aplicación y áreas de oportunidad, con la finalidad de ser mejorado en beneficio de la sociedad, manifestó Adrián López Solís, Fiscal General del Estado de Michoacán, quien expuso que actualmente faltan varios lineamientos legales que permitan dar garantías a las víctimas u ofendidos, pero también a quienes fungen como testigos en determinados casos.
En el evento de inauguración de la sexta jornada del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia organizado por el Poder Judicial de la Federación, con sede en el Palacio de Justicia del Poder Judicial mexiquense, López Solís precisó que, entre los aspectos a revisar de dicho sistema, es el de dato de prueba, pues por su función, espontaneidad e inmediatez, en la etapa del juicio termina por perder relevancia.
“Nos enfrentamos a que con el transcurso del tiempo muchos de nuestros casos se enfrentan o les sucede esa cuestión tan inesperada, de la degradación del elemento de convicción, también consideramos que por la realidad que vive el país, se necesitan esquemas especializados para superar la situación extraordinaria y que no podemos permitir que se vuelva regular o permanente, de los delitos de muy alto impacto, como lo son el homicidio, el secuestro y la desaparición de personas.
“Esto requiere órganos de investigación y de administración de justicia especializados con operadores especializados, con técnicas de investigación que nos permitan ser más exitosos”, sostuvo el responsable de la FGJ en Michoacán.
A lo anterior, sumó que en México no se cuenta con un Sistema Nacional de Personas Intervinientes, por lo que víctimas directas e indirectas quedan expuestas a la comisión de un nuevo ilícito.
“Lo que en un momento en la fase de investigación inicial es un dato que nos permite llevar hasta la vinculación determinados casos y a determinados sujetos, ante el contexto que se vive en algunas regiones, las víctimas directas o indirectas están expuestos de su integridad, de perder la vida, de ser amenazados, de ser coctados, de ser extorsionados o ser desaparecidos.
“No hay un conjunto de reglas que les den las garantías para permitirles seguir siendo testigos o víctimas y llegar íntegros hasta ese momento en que la justicia les ha de reconocer el derecho de la verdad y la reparación del daño”, precisó.
En este sentido, dijo, con las jornadas realizadas a través de dicho Encuentro se permite conocer los aciertos y deficiencias de las instituciones de seguridad y justicia, desde los distintos enfoques, como la academia, la sociedad civil e incluso los organismos directamente relacionados.
“No se puede pensar en soluciones para prevenir o reaccionar frente al delito si no son parte de una política criminal que sea conducida, diseñada e implementada con una visión de Estado”, manifestó Adrián López Solís.
En su oportunidad, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llamó a quienes laboran en los sistemas de seguridad, procuración e impartición de justicia, a asumir con responsabilidad y compromiso el papel de servicio.
“De ahí la importancia de hacer un alto y cuestionarnos cómo hemos actuado las autoridades que tenemos a nuestro cargo las áreas de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, pues todo lo que hagamos o dejemos de hacer impactará directamente en el funcionamiento de nuestra democracia y naturalmente de nuestro Estado de Derecho”, aseveró.
El Magistrado de la SCJN comentó que los tres pilares fundamentales para el análisis y definición de una agenda de seguridad y justicia son la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos.
El Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, tiene la finalidad de analizar si existe un acceso adecuado a servicios legales de calidad y si éstos involucran un enfoque de derechos humanos, además de documentar las problemáticas que en materia de seguridad pública tiene el Estado de México y Michoacán, lo anterior a través de cuatro ejes temáticos.
Además, se busca conocer si el funcionamiento del Sistema Nacional de Impartición de Justicia y la Institucionalidad que lo soporta es el adecuado, además de conocer el funcionamiento del Poder Judicial.
“Estos ejes permitirán contar con información específica y contextualizada que contribuye a comprender de manera integral a la seguridad pública, a la procuración de justicia y al acceso e impartición de justicia”, manifestó.
En el evento inaugural estuvo presente el presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, la Fiscal Central Jurídica de la Fiscalía General de Justicia mexiquense, Maricela Xicoténcatl Elizalde, la abogada Luz María Consuelo Jaimes Legorreta, en representación del rector de la UAEMéx, así como el presidente del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Sergio Arturo Valls.
También estuvo presente el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Seguridad Pública de Michoacán, Alberto Sánchez Alonso, el director general del Instituto de la Defensoría Pública estatal, Alberto Cervantes Juárez, así como la encargada del despacho de la Dirección General de Prevención y Atención a la Violencia, Clara Camacho Méndez e integrantes de la sociedad civil organizada.
